Columnas

El Juglar de la Red

Por Rafael Cano Franco

 

¿Cuántas vidas de periodistas serán suficientes?

Todavía no se calman las protestas de periodistas por los asesinatos de los colegas periodistas en Tijuana, Lourdes y Margarito, cuando desde Zitácuaro, Michoacán nos llega la noticia del artero crimen de otro periodista, Roberto Toledo.

Es el cuarto periodista asesinado en lo que va de enero del 2022 y con eso este mes, de este año, se convierte en el más violento en la historia del periodismo en México.

Esto solamente es una gota de sangre que para muchos no representa nada, pero para el gremio periodístico es la confirmación de la facilidad con la cual en México se puede matar a cualquier persona sin mayores consecuencias, pero sobre todo de que la libertad de expresión es un derecho que cuesta la vida a quienes lo ejercen,

Ya a estas alturas decir que los mecanismos de protección son un fracaso, está de más. Lo que no está de más, es el reclamo justo y airado que debe volver hacerse sentir a los gobiernos, tanto el federal como el estatal.

No está de más reclamar garantías de seguridad para ejercer la libertad de expresión. No está de más exigir justicia para las víctimas, sus familias y el gremio en general.

Apenas hoy en su conferencia mañanera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a embestir contra periodistas que exhiben el nivel de vida que se da su familia; se ha vuelto una costumbre para el Presidente responder a los señalamientos y acusaciones con descalificaciones, agresiones y epítetos denigrantes a quienes osan señalar la dualidad que exhibe.

Le gusta que se le crea a pie juntillas, odia los desmentidos y embiste con furia cuando se expone su hipocresía y el doble rasero con el cual mide.

Dice respetar la libertad de expresión, pero solamente si es para alabarlo; cuando se le piden respuestas a la riqueza ostentosa de su familia, entonces hay un ataque a su persona y su gobierno.

En ese contexto los periodistas están doblemente expuestos: por un lado la violencia criminal que afecta a todos los ciudadanos y genera inestabilidad social, pero a eso se suma el linchamiento público al que el Presidente somete a los periodistas.

Ese es el caldo de cultivo ideal para asesinar periodistas.

A eso se agregan autoridades que no investigan, mecanismo de protección que no sirven; una indolencia cómplice que solo lamenta pero no actúa, con todo eso los periodistas son eventuales víctimas de cualquiera que desee acallar sus voces, de quien esté inconforme. Quienes se sienten descobijados, atacados o señalados por críticas o trabajos periodísticas que los desnudan, no dudan en tomar la decisión de acallar periodistas con violencia.

Cierto que la violencia es generalizada y nadie está exento de sufrir un asalto, de ser víctima de criminales, pero con los periodistas el asunto va más allá. Se les ataca por el trabajo que realizan, son víctimas por ejercer un derecho, el de la libertad de expresión, que debe ser garantizado por el gobierno y al cual se le debe dar prioridad cuando es violentado.

La escalada de violencia va en aumento y sin freno por parte de las autoridades.

En 2021 fueron tres los colegas asesinados: Benjamín Morales Hernández, en la región de Sonoyta, Sonora y Alfredo Cardosa en Acapulco, Guerrero.

Este año, en apenas un mes los números de víctimas son el doble de todas las que se presentaron el año pasado; nunca en la historia del periodismo en México cuatro informadores habían sido asesinados.

El mes más violento era agosto del 2019, cuando fueron asesinados Edgar Alberto Nava López, Jorge Celestino Ruiz Vázquez y Nevith Condés Jaramillo. Con la muerte de José Luis Gamboa, Margarito Martínez Esquivel, Lourdes Maldonado y Roberto Toledo, enero de este año entra a la historia como el mes más violento contra el periodismo en México.

Lo más grave es que la tendencia no se detiene y en la mitad del sexenio del presidente López Obrador, ya es el gobierno federal en el cual más periodistas se han asesinado y sin que exista una verdadera acción institucional para detener la matanza.

El problema ya no es solo un  tema gremial, es de orden social porque se asesina impunemente a quienes brindan un servicio a la comunidad y su muerte se genera precisamente por informar.

Cualquier sociedad en el mundo estaría impactada y exigiría justicia, en México se volvió tan común que ya ni asombro generan estos crímenes.