Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que ninguno de los diez funcionarios del estado de Sinaloa respecto de los cuales la justicia de Estados Unidos solicito su detención provisional con fines de extradición no se ha emitido la Ficha Roja de Interpol y que cinco de ellos, entre los que encuentra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya. Y que “continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades en caso de que se encuadre algún delito”.
En videoconferencia, el titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y Vocero de la FGR, Ulises Lara López, también informó que respecto de la investigación que se realiza por la participación de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en acciones antinarcóticos en el estado de Chihuahua, María Eugenia Campos, gobernadora de esa entidad, “solamente entregó un escrito en el que manifiesta su indisposición para aportar información”, y expuso que la fiscalía conoce “lo que implica la inmunidad procesal, la cual señala la imposibilidad de procesar penalmente a determinadas personas, servidoras públicas, como el caso de la gobernadora”.
El vocero de la FGR dijo que respecto al “descubrimiento de un laboratorio clandestino para la producción de drogas sintéticas localizado en el municipio de Morelos, Chihuahua, que dejó al descubierto la presencia de agentes extranjeros, se citó al fiscal general y a la gobernadora constitucional del Estado con el único fin de conocer su testimonio para allegarse de elementos e integrarlos a la investigación acerca de la participación de dichos agentes extranjeros en actividades de seguridad en nuestro país”.
María Eugenia Campos acudió el martes a instalaciones de la FGR en la Ciudad de México, y de ellos informó que “la mandataria estatal solamente entregó un escrito en el que manifiesta su indisposición para aportar información” y aunque tiene inmunidad procesal “la cual señala la imposibilidad de procesar penalmente a determinadas personas, servidoras públicas, como el caso de la gobernadora”.
Sin embargo, dijo el funcionario “ello no impide que la persona servidora pública aporte información para el esclarecimiento de los hechos que se investigan”.
Finalmente, mencionó, la FGR ya desmanteló el narcolaboratorio localizado en Chihuahua “lo que incluyó el embalaje y el traslado de las sustancias localizadas para su posterior destrucción”.