La Auditoría Superior de la Federación (ASF) le arrimó más leña a la lumbre que se cierne sobre el exgobernador Javier Corral.
Según el máximo organismo auditor de los dineros federales, existen irregularidades administrativas en la administración de Corral, solo en 2020, por más de 2 mil 400 millones de pesos.
La ASF calculó que podría ser un daño al erario público por 2 mil 448 millones de pesos, por lo que se presentan las denuncias correspondientes.
Hay que señalar que la ASF audita el destino de los recursos federales que son entregados a los estados a través de las múltiples partidas existentes.
La cifra hizo recordar que antes de que arrancara la actual administración estatal, se hablaba de un boquete de casi 5 mil millones en las finanzas estatales. Esto podría ser la verdadera punta del iceberg.
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La que no desaprovechó el grave señalamiento de la ASF, fue la gobernadora Maru Campos, que apenas se enteró del tamaño de las irregularidades solo del ejercicio 2020, lanzó el reto.
“Para aquellos que decían que una servidora representaba la corrupción, yo los retaría, que checáramos las cuentas públicas del Gobierno del Estado 2020 y las del Municipio en el 2020, a ver quién es quién”.
No hay que olvidar que durante toda la carrera por la gubernatura, Maru sufrió un fuerte y sistemático embate de señalamientos por corrupción, los que finalmente no se pudieron comprobar.
Ahora, con la mano en la cintura, voltea a ver a sus críticos y no solo lanza el reto, sino la apuesta, de a ver en cuál cuenta, la estatal o la municipal, encuentran la corrupción.
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El Comité Directivo Estatal del PAN inició su proceso de afiliación de militantes, una acción que habían postergado durante mucho tiempo.
Previo a estampar la firma y sacar la credencial, los aspirantes en el municipio de Chihuahua deberán formar parte del taller de capacitación y de “introducción al partido”.
El dirigente municipal, Paco Navarro, se encargó de dar la bienvenida a los aspirantes. El primero de los talleres está dirigido a jóvenes.
A nivel municipal y estatal, el PAN se encuentra en su mejor momento, además de que gobiernan en la capital y en el estado, lo que sin duda es buen aliciente para quienes aspiren a pintarse de azul y más delante, a algún cargo público.
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Por un posible conflicto de intereses, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impidió que una de sus ministras estudiara una controversia en torno a Pío López Obrador, hermano del presidente de la República.
Esto viene después del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, entregara al INE la información del financiamiento de la campaña del ahora presidente López Obrador.
La controversia, interpuesta por la FGR, es para evitar que se investiguen presuntos actos de corrupción de Pío López en la recaudación de fondos, de aquél bochornoso video donde aparece recibiendo paquetes de dinero para la campaña de su hermano.
Resulta que la controversia recayó en la Ministra Loretta Ortiz, recién elegida, pero el pleno de la Corte votó para impedir que analizara el expediente, puesto que es esposa de José Agustín Ortiz, quien es precisamente el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
Ciertamente se da el conflicto de intereses, pero también es cierto que como en tiempos de Peña Nieto, la confabulación Presidencia-Suprema Corte, impedirá que se investiguen actos de corrupción como ese.
