–La dependencia ha presentado 63 denuncias penales ante la Fiscalía y ha iniciado 28 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa a 101 servidores y ex-servidores públicos; dos de ellos al exgobernador César Duarte
Pieza clave en el combate a la corrupción, la Secretaría de la Función Pública (SFP) recabó elementos suficientes para presentar 63 denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado por actos cometidos por servidores públicos de la anterior administración estatal por un monto de 2 mil 467 millones de pesos, destacó la titular de esa dependencia, Mónica Vargas Ruiz.
Al participar en la presentación que hizo el gobernador Javier Corral en Ciudad Juárez de la creación del Fondo de Reparación Justicia para Chihuahua, la funcionaria reveló que en uso de sus atribuciones se practicaron auditorías a las secretarías de Hacienda, Desarrollo Rural, General de Gobierno, de Educación, de Innovación y Desarrollo Económico.
La supervisión alcanzó al Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua, al DIF, y entre otras más, a la Coordinación de Comunicación Social en el periodo 2010-2016.
A partir de denuncias, las auditorías patentizaron: adjudicaciones discrecionales e irregulares al no apegarse a los procedimientos previstos en la ley; procesos de contratación simulados con empresas fantasmas que no tenían infraestructura, activos o no eran bien localizadas.
También se detectaron pagos indebidos, sin justificación ni comprobación, al carecer de la documentación que acreditara la prestación del servicio o entrega del bien.
Otras irregularidades correspondieron a obras pagadas no ejecutadas; predios adquiridos a un precio por encima de su valor real y el otorgamiento indebido de subsidios, beneficios y créditos, actualizándose un evidente conflicto de interés.
Vargas Ruiz destacó la importancia que tuvo César Duarte Jáquez, en múltiples pagos millonarios a la Unión Ganadera Regional, División del Norte del Estado de Chihuahua y a la Financiera División del Norte.
“Porque se encontraban ligadas directamente con el exgobernador del Estado de Chihuahua, y en consecuencia, principal administrador del patrimonio público estatal”, dijo.
De acuerdo a la investigación el exgobernador aprovecho su posición actuando como socio y presidente del consejo directivo de la Unión Ganadera y con respecto a la Financiera División del Norte “fungiendo como fundador y accionista principal”.
Aunado a lo anterior, la dependencia estatal ha iniciado 28 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa en los que se encuentran involucrados 101 servidores públicos y ex-servidores públicos; procedimientos con un daño estimado a la Hacienda Pública por un monto de 776 millones 984 mil pesos.
En dos de esos procedimientos administrativos, se encuentra con carácter de denunciado César Duarte quien, derivado de su no localización, ha sido notificado por medio de edictos y se encuentra en rebeldía dentro del procedimiento al no presentarse al mismo.
La transformación que ha sufrido la SFP, es testimonio del compromiso de esta administración al colocar al ciudadano como centro de la democracia, dijo Vargas Ruiz.
Agregó que se ha trabajado arduamente en dotar al Estado de la estructura jurídica e institucional que le permita garantizar que nunca más se presenten actos aberrantes de corrupción y despojo como los que ocurrieron en la pasada administración.
Para prevenir que no se vuelvan a cometer actos irregulares que han significado un profundo daño, no solo a las finanzas públicas, sino a la confianza que la ciudadanía tiene en las Instituciones Públicas, Función Pública ha llevado a cabo diversas acciones para construir una cultura de la legalidad.
Asimismo, se ha reforzado la normatividad aplicable en materia de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y obra pública a fin de garantizar las mejores condiciones para el Estado, fundando los procedimientos en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez.
Por eso, Vargas Ruiz puso énfasis en la Operación Justicia para Chihuahua, que no es solo un acto de justicia social y política para perseguir y sancionar a quienes quebrantaron de forma nunca antes vista, el patrimonio de las y los chihuahuenses.
“Porque a través de acciones transversales realizadas en el marco de esta Operación, como funcionarias y funcionarios públicos, estamos siendo congruentes con nuestro deber ético y hacemos lo correcto: combatir la corrupción y sancionar a quienes saquearon al estado”, señaló la funcionaria.
