Con el compromiso de aprobar la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales antes de concluir el próximo periodo de sesiones, en abril de 2024, la Cámara de Diputados instaló este lunes la comisión de trabajo para el análisis de dicha reforma, con la participación del sector empresarial, organizaciones sindicales y gobierno federal.
Los representantes de la iniciativa privada y de las centrales obreras expusieron nuevamente sus diferendos sobre la modificación al artículo 123 constitucional, mientras legisladores de las diversas fuerzas políticas y la representación del Ejecutivo admitieron la necesidad de establecer la gradualidad y la sectorización para reducir la jornada de trabajo, a fin de evitar un impacto mayor sobre las empresas.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, aseguró que dicha reforma tendría para el sector privado un costo adicional de uno por ciento del PIB, pero reafirmó la disposición a discutir la viabilidad de la propuesta.
“Dialogaremos entonces sobre la viabilidad de que las empresas destinen de sus gastos un uno por ciento adicional al PIB, que es lo que se requiere para hacer frente a esta nueva propuesta de reforma”, dijo.
Sostuvo que las empresas han acompañado con convicción y sensibilidad el aumento al salario mínimo, así como las reformas en materia de subcontratación y vacaciones dignas, las cuales han representado 60 por ciento adicional de sus ingresos, en comparación con lo destinado en 2018 para efectos laborales.
En representación de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), Héctor Tejada alertó sobre los impactos de la reducción de la jornada laboral, no solo sobre los costos de las empresas, sino incluso en los ingresos fiscales del gobierno federal.
“La reducción de jornada laboral podría resultar en una disminución de la disponibilidad de productos y servicios, menos ingresos para los trabajadores, (pues) podrían experimentar una reducción de horas laborales y una reducción de sus ingresos; menos ingresos fiscales generados por los impuestos y aumento de costos para las empresas, al contratar y capacitar a más trabajadores para cubrir las horas reducidas”, dijo.
El legislador priista y secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Tereso Medina, llamó a avanzar hacia la jornada laboral “digna y decente” de 40 horas semanales.
“Que el resultado no sea de vencidos y vencedores; si alguien va a ganar, es México y los trabajadores”, puntualizó.
El coordinador de la mayoría parlamentaria de Morena, Ignacio Mier, sostuvo en su oportunidad que no pueden concluir los trabajos de la 65 Legislatura de la Cámara de Diputados, sin tener, al término del próximo periodo, aprobada la reforma constitucional.
Instó por ello a consensuar una reserva con la opinión técnica, jurídica y económica de todos los sectores que participan en el proceso laboral, incluidos los trabajadores, para que los representantes populares puedan votar de manera unánime una reforma que recoja la gradualidad, la diferenciación y, para efectos de instrumentación, la temporalidad de la misma.
El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, llamó a encontrar el punto intermedio y el equilibrio para que todos ganen con la reforma, y sostuvo que no hay quien se oponga a reducir la jornada laboral.
“Hablo a nombre de la Junta de Coordinación Política, pero les puedo adelantar que también a nombre del Partido Acción Nacional, quien hablará por el PAN, que es el grupo que yo coordino, hay un sí a favor de esta reforma, lo hemos dicho un principio”, puntualizó.
En el mismo sentido se pronunció el titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación, Esteban Martínez, al sumarse a la iniciativa para dignificar el trabajo.
No obstante, dijo, “sí necesitamos encontrar coincidencias en materia de gradualidad, temporalidad, para implementar exitosamente esta reforma”.
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