La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el decreto que ordenó la transferencia administrativa y operativa de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Éste se opone al texto del artículo 21 (constitucional) que, como una garantía del carácter civil de la Guardia Nacional, incorpora expresamente que ésta deberá quedar incorporada a la dependencia del ramo de la Seguridad Pública”, consideró el ministro ponente, Juan Luis González Alcántara Carrancá.
El proyecto fue avalado en el pleno por ocho votos contra tres; éstos últimos de las ministras Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y el ministro Arturo Zaldívar, quienes argumentaron que la transferencia no anulaba el carácter civil de la corporación federal.
Para el ministro Javier Laynez Potisek, las reformas aprobadas para publicar el decreto, del 27 de mayo de 2019, implicaban un fraude a la Carta Magna. La ministra Margarita Ríos Farjat dijo que se dejó en duda el carácter civil de la GN, al ponerla por completo bajo el control administrativo y operativo de los militares.
El pleno de la Corte también anuló la facultad que se otorgó al titular de la Sedena para proponer al comandante de la Guardia, y se lo devolvió a quien ocupe la titularidad de la SSPC.
Esta modificación no es retroactiva, por lo que queda intacto el nombramiento del general en situación de retiro David Córdova Campos, titular de la corporación federal desde enero de este año.
Con el voto de 8 ministros se declaró la invalidez del decreto que transfirió la GN al Ejército.
Con una mayoría calificada de ocho votos, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez del decreto que ordenaba la transferencia administrativa y operativa de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En contra del proyecto votaron las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, así como el ministro Arturo Zaldívar, quienes argumentaron que esta transferencia no anulaba el carácter civil de la corporación federal.
El proyecto aprobado, elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, considera que es inconstitucional el traslado administrativo, presupuestario, orgánico, funcional y de mando que el decreto de transferencia, que fue impugnado por senadores de oposición.
“Éste se opone al texto del artículo 21 que, como una garantía del carácter civil de la Guardia Nacional, incorpora expresamente que ésta deberá quedar incorporada a la dependencia del ramo de la Seguridad Pública”, consideró el ministro ponente.
El paso de los activos y operación de la GN a la Sedena estaba detenido, debido a que una Jueza Federal de Guanajuato otorgó una suspensión en contra de decreto, en octubre del año pasado.
La discusión se centró en lo que establece el Artículo 21 constitucional, relacionado con el carácter civil que deben tener las corporaciones encargadas de la seguridad pública, entre ellas la GN.
Para el ministro Javier Laynez Potisek, las reformas aprobadas para el decreto de transferencia de esta corporación a la Sedena implicaban un fraude a la Carta Magna.
“La transferencia de las funciones ya referidas crea, además, esa relación de subordinación jerárquica entre la unidad y el órgano al cual está adscrito, relación que queda suprimida por este decreto, respecto a la Secretaría de Seguridad Pública (sic).
“Por ello la transferencia que, por vía legal y de manera permanente, se hace de estas facultades, es, de hecho, una readscripción y, técnicamente, un fraude a la Constitución”, expuso el ministro Laynez Potisek.
Para la ministra Ana Margarita Ríos Farjat el Acuerdo de transferencia dejaba en duda el carácter civil de la GN, al dejarla por completo bajo el control administrativo y operativo de los militares.
“Me resulta difícil imaginar que una institución de carácter civil, en este caso, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana retenga la dirección de la Guardia Nacional, si no posee el control operativo y administrativo.
“En mi entendimiento, una institución no puede ser dirigida en realidad sin retener control de su operación y su administración. Al ser castrenses estos controles, la dirección también lo es, y el carácter civil queda en entredicho”, afirmó Ríos Farjat.
El 24 de octubre de 2022 la jueza Novena de Distrito con residencia en Guanajuato, Karla María Macías Lovera, otorgó una suspensión definitiva en contra de la transferencia de la corporación federal a la Sedena.
La juzgadora ordenó regresar el control operativo y de administración a la SSPC, al conceder la suspensión a la organización Uniendo Caminos México, representada por Ángel Castro Gómez.
Para la presidenta de la SCJN, ministra Norma Lucía Piña Hernández, el Acuerdo de transferencia estaba reglamentando el Artículo 21 constitucional, dejando a la GN bajo la operación y mando de militares.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena destacó que el control operativo y administrativo de la GN a la SSPC necesitará de ajustes por parte del Poder Legislativo, ante lo que se le debe dar un plazo para su cumplimento.
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