México

Arranca batalla legal en la Corte por Plan B; admitieron 140 demandas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha informado que, hasta el 4 de abril de 2023, se han admitido a trámite 132 controversias constitucionales y ocho acciones de inconstitucionalidad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer los decretos que se han establecido conforme a la ley por el Plan B por medio de un comunicado.

Las 132 controversias constitucionales se realizaron en contra de los Decretos 1 y 2 que reformaron diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, correspondientes a las reformas político-electorales para 2022 y 2023.

Respecto a las impugnaciones al Decreto 1, se presentaron 161 controversias constitucionales y siete acciones de inconstitucionalidad, de las cuales se admitieron 131 y seis, respectivamente.

Las ocho acciones de inconstitucionalidad contra el Decreto 1 fueron promovidas por los partidos en coalición “Va por México” (PRI, PAN y PRD), por el partido Movimiento Ciudadano (MC), el llamado Bloque de Contención del Senado de la República, diputados del Congreso de la Unión y por el partido político Hagamos, del Estado de Jalisco, siendo ésta última desechada.

En la admisión de las siete acciones de inconstitucionalidad, se concedió la suspensión del Decreto referido para el efecto de que no rija en los procesos electorales que se encuentran en desarrollo en el Estado de México y en Coahuila.

En cuanto al Decreto 2, el ministro ponente Javier Laynez Potisek admitió la controversia constitucional presentada por el Instituto Nacional Electoral (INE) el 8 de marzo pasado y concedió la suspensión solicitada respecto de todos los artículos impugnados para efecto de que las cosas se mantengan en el estado actual y que rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma.

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