“Es un avance no solo para las mujeres sino para la sociedad”: Lilia Aguilar
“Ni deudores alimentarios ni agresores podrán ser funcionarios públicos y/o candidatos. Esto es un avance no solo para las mujeres, sino para la sociedad, para que los agresores, sean mujeres u hombres, no lleguen a puestos de representación, del servicio público o tomen decisiones”.
Lo anterior lo aseguró la diputada del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar Gil, durante la aprobación del dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales que agrega una fracción VII al artículo 38 de la Constitución a fin de que pierdan sus derechos políticos quienes reciban una sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida e integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo sicosexual; por violencia familiar, violación equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, así como por tener una declaratoria de deudor alimentario moroso.
“Los violentadores no pueden estar en la toma de decisiones si tienen una concepción hostil del mundo, y aunque muchos apostaban a que las mujeres no nos íbamos a poner de acuerdo, la realidad hoy supera el paradigma machista de que ‘mujeres juntas ni difuntas’, señaló.
La reforma, conocida también como “3 de 3 contra la violencia”, dará certeza a las víctimas de violencia de género sobre la no elegibilidad de sus agresores, y representaría un avance significativo en la lucha por erradicar la violencia contra las mujeres.
Finalmente, el dictamen que se aprobó con 33 votos a favor, cero en contra y cinco abstenciones de los legisladores panitas: Humberto Aguilar Coronado, Jorge Triana Tena, Santiago Torreblanca, Jorge Espadas y Anuar Azar, será llevado al pleno de la Cámara de Diputados en dos semanas para su votación.