Los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados reafirmaron su disposición para analizar y discutir la iniciativa de Reforma Eléctrica propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero señalaron que presentarán modificaciones.
Durante su reunión plenaria, el grupo piista definió sus prioridades legislativas y parlamentarias para el periodo ordinario de sesiones, desde las iniciativas de la oposición, hasta la Reforma Eléctrica, así como nombramientos pendientes de ser aprobados en el Senado.
El Grupo Parlamentario señaló que el papel de la oposición seguirá siendo clave para determinar la viabilidad o no de las iniciativas y reformas constitucionales que impulsa la mayoría.
En tanto, el presidente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, y el coordinador parlamentario, Rubén Moreira Valdez, informaron que se establecerán grupos de trabajo con los senadores y diputados priistas, a fin de que de manera fluida, se aborden temas como el eléctrico.
Asimismo, detallaron que dentro de las mesas de trabajo se abordarán temas sobre la Reforma Electoral y los cambios a la Guardia Nacional, “a fin de tener propuestas e ir construyendo también todos los escenarios posibles”.
Dentro de sus prioridades legislativas y parlamentarias, los legisladores priistas acordaron “impulsar el derecho a la vacunación contra la COVID-19 de menores de 15 años de edad, sobre todo ante el regreso a clases presenciales”.
También determinaron “asegurar la dotación de medicamentos y tratamiento para el cáncer, hacer deducibles los gastos por contingencias sanitarias, y eliminar el cobro del IVA (Impuesto al Valor Agregado) en material sanitario”.
Y para mejorar la economía familiar y nacional, los diputados del PRI impulsarán medidas que mitiguen el impacto inflacionario durante el presente año, y que el ajuste al Impuesto Especial a la Producción y Servicios (IEPS) sea aplicado en dos etapas, para contener incrementos en los precios de productos de la canasta básica alimentaria”.
En cuanto a “Seguridad y protección para todas y todos”, los legisladores plantearon la creación de un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, así como el establecimiento del Registro Nacional de Agresores Sexuales y de Deudores Alimentarios, y reformas que protejan a los ciudadanos en el manejo de datos personales.
Los legisladores se comprometieron también a proponer la aprobación de la reforma constitucional para establecer que las prácticas y costumbres de las comunidades indígenas no atenten contra los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, en materia de prohibición de matrimonio infantil.
En materia educativa, acordaron establecer modelos que permitan dar frente a contingencias sanitarias y sociales para fortalecer la calidad del aprendizaje, así como el establecimiento de un esquema seguro para el retorno a clases del ciclo 2022-2023.
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