El diputado juarense Gabriel García Cantú, subió esta mañana al pleno del congreso del estado de Chihuahua, una ley que propone un padrón de agresores sexuales y domésticos.
Se trata de la Ley del padrón estatal de agresores sexuales y domésticos en donde se menciona que cualquier persona hombre o mujer que tenga un registro, dentro de la fiscalía y que haya sido sentenciado, aparecerá su nombre completo delito cometido, fecha y lugar de los hechos fecha de sentencia, así como la información sobre el medio de rehabilitación y pago de la reparación del daño, acompañado de una fotografía reciente.
Dicha ley menciona que por ningún motivo serán revelados los datos de las víctimas.
Puntualizó García Cantú, que se planea que sea la Fiscalía en atención a mujeres y víctimas del delito por razones de género, y a la familia quien destine un portal electrónico, público y gratuito, a fin de que se consulte, si alguna persona tiene sentencia condenatoria o alguna salida alterna por el delito de violencia familiar en cualquiera de sus modalidades o por algún delito contra la libertad y seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual.
También se menciona dentro de esta propuesta que las autoridades municipales y estatales encargadas de la prevención de estos delitos, deberán informar a la fiscalía sobre las detenciones.
“Es una ley muy importante para el estado de Chihuahua, ya que al estado le ha dolido mucho esta situación, estamos etiquetados con este tema. Se busca que todos aquellos hombres y mujeres que tengan antecedentes por este tipo de conductas, aparezcan en este padrón. Se trata de que una madre de familia pueda revisar, si su pareja tiene antecedentes de este tipo y pueda tener otras opciones, creo que es una ley muy importante para el estado y para los chihuahuenses”, acotó García Cantú.
En un segundo punto, esta ley hace acreedora a la Fiscalía de la creación de un mapa público, de cada municipio que indique de forma estadística y semaforizada, el número de detenciones realizadas por colonia, sector o zona, de carácter administrativo relacionados con actos obscenos en la vía pública o de índole sexual.
García Cantú, también mencionó en el documento que los servidores públicos son encargados de realizar dichos registros correctamente, de no ser así, será considerado una falta grave y será acreedores a las sanciones aplicables en la vía administrativa, civil o penal.
