Será el destino, suerte de política, será el sereno, pero la gobernadora electa tomará posesión del cargo el 8 de septiembre, lo que resulta crucial por lo que aún tiene que enfrentar.
Antaño, el gobernador electo tomaba posesión en octubre, usualmente el día 4, pero gracias a las reformas efectuadas en la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado en cuanto al Poder Legislativo, el sexenio de Maru Campos iniciará la primera semana de septiembre.
¿Y por qué resulta crucial? Se pregunta y responde este Fisgón: porque el proceso jurídico que tiene pendiente fue fijado para el mes de octubre y además con chanza de ampliación.
Obviamente no sería bueno ni dado que la nueva gobernadora hiciera uso de su fuero como titular del Poder Ejecutivo y que enfrentara y resolviera ese asunto de una vez por todas, pero es evidente que las cosas cambiarán radicalmente.
De acuerdo con el artículo 87 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, el gobernador inicia su mandato el 8 de septiembre; la nueva legislatura lo hará el Primero de ese mismo mes.
Si por las vísperas se sacan los días, esa será la ruta del asunto legal para Maru, claro, si no le embisten nuevamente en los siguientes tres meses.
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Hablando de transición, fue anunciado el equipo de la gobernadora electa, el cual está compuesto por Luis Gerardo Serrato Castell como capitán. Es sonorense y se venía desempeñando como delegado del CEN del PAN para la elección en Chihuahua.
Sus cartas credenciales son: Síndico Municipal en 2000-2003, diputado local 2003-2006, diputado federal 2006-2009, delegado de la SCT en Sonora 2010-2012 y coordinador general de asesores del Gobierno de Sonora del 2013 al 2015 y muchos cargos más.
Sorprende que en el equipo haya sido incluida la priísta Lilia Guadalupe Merodio Reza, quien ha sido diputada y senadora por el PRI. Su cercanía con la gobernadora electa, se conoció apenas en esta campaña donde compitió para diputada federal por la alianza “Va por México” formada por el PAN, el PRD y el PRI.
En el equipo también van el secretario del Ayuntamiento de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, Clara Guadalupe Torres Armendáriz y Roberto Javier Fierro Duarte.
Ayer trascendió que ya se tuvo el primer acercamiento con el Gobierno del Estado, a manera únicamente de ir conformando la agenda de trabajo para los siguientes meses.
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Los que también alistan agenda de trabajo, tanto en las 28 alcaldías ganadas como en el Congreso del Estado, es el PRI, con sus 2 diputados de mayoría y los que lleguen a obtener por la vía plurinominal.
A muy temprana hora de ayer el dirigente Estatal Alejandro Domínguez Domínguez se reunió con las autoridades electas, entre ellas los diputados de los distritos electorales 21 y 22, Edgar Piñón y Noel Chávez, respectivamente.
En la agenda legislativa que están dibujando, dicen, irán por soluciones a grandes problemáticas como las finanzas del estado, la seguridad, la salud y la educación.
Por cierto, el dirigente priísta invitó a los candidatos triunfadores a volver a recorrer distritos y comunidades para agradecer el apoyo en las elecciones y seguir escuchando a la militancia de todo el estado.
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La defensa del exgobernador César Duarte, quien afirman que sigue preso en una cárcel federal de Miami, Florida, lanzó un nuevo buscapiés en el que se engancharon casi todos los medios (el casi excluye a este prudente Fisgón).
Resulta que el abogado Juan Carlos Mendoza, lanzó muy temprano un incendiario comunicado en el que afirmaba que un proceso administrativo emprendido por la Secretaría de la Función Pública estatal en contra del exgóber por 20 milloncitos, se había declarado improcedente.
La verdad a medias difundida por el abogado, indicaba que la Secretaría de la Función Pública no procedió por la vía correcta en el procedimiento 083/2019, lo que interpretó como que se había caído el caso y así lo compraron los medios.
Sin embargo, la titular de la Secretaria, Mónica Vargas, aclaró prontamente que el procedimiento administrativo sigue abierto y solo se repondrá para ajustarlo a la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El asunto es que en octubre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia que señala que todas aquellas investigaciones iniciadas con fecha posterior a la nueva ley deberían resolverse conforme al nuevo ordenamiento.
El procedimiento de los 20 millones se apegó a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado por ser la materia vigente en ese momento, por lo que con el criterio de la Corte, deberá reponerse el proceso para que se desarrolle con base en la Ley General.
Por cierto, la funcionaria reveló que otros 35 procedimientos administrativos iniciados en contra de exfuncionarios de la administración de Duarte, que también deberán ser repuestos.
Ahora el problema será el tiempo.
