A propuesta del Auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) emitió la recomendación a los poderes del Estado, órganos autónomos y municipios de ampliar el plazo para la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses que debería cumplirse el mes de mayo.
La recomendación ampliaría hasta el 30 de junio la posibilidad de presentar dichas declaraciones. Esto se explicó por el Auditor debido a las complicaciones que han tenido los entes públicos para instalar la nueva aplicación informática para la presentación a través de medios electrónicos, dejando atrás las declaraciones patrimoniales en papel.
De acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas, a partir de este año el cumplimiento de la obligación para funcionarios en estados y municipios debe ser a través de un sistema electrónico, con formatos nuevos que incluyen los posibles conflictos de interés que pueda tener un funcionario público en el ejercicio de sus funciones y los cuales fueron aprobados por el Sistema Nacional Anticorrupción.
Según expuso el Auditor Superior, al día de hoy solo el Poder Ejecutivo y la propia Auditoría Superior, son los únicos entes que cuentan con el sistema funcionando y la problemática principal se encuentra en los 67 municipios del estado que aún no comienzan con la instalación del aplicativo electrónico, debido a las complejidades tecnológicas del nuevo sistema y a las limitaciones de desplazamiento que ha generado la pandemia de Covid 19.
La falta de presentación de las declaraciones puede traer consigo la destitución de quienes las omitan y, por lo tanto, debe asegurarse que los servidores públicos de los niveles estatal y municipal puedan acceder al sistema electrónico en marcha, y hoy, a casi medio mes de mayo los sistemas no están listos en la mayor parte de las instituciones públicas.
La propuesta fue aprobada por unanimidad por la Presidenta del Comité de Participación Ciudadana Liliana Ochoa Ortega; la Secretaria de la Función Pública, Mónica Vargas Ruiz; Gema Guadalupe Chávez Durán, Fiscal Anticorrupción; Mayra Aída Arróniz Ávila, Magistrada Presidenta del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y el Auditor Superior, Hector Acosta Félix.
La recomendación debe ser aceptada por los órganos internos de control de cada institución para que sea válida para sus respectivos servidores públicos.
