Durante el actual proceso electoral que inició en septiembre de 2019, y hasta abril de 2021, se han registrado 169 incidentes de violencia política, de acuerdo con un recuento de Integralia Consultores; en estos atentados, ha habido 210 víctimas de las cuales 143 fueron mortales.
Comparado con la elección federal de 2018, hay un incremento del 68.34 por ciento en el número de políticos, funcionarios y activistas asesinados, pues entre septiembre de 2017 y abril del siguiente año se registraron 85 víctimas mortales, de acuerdo con datos de Etellekt.
La mayoría de las personas asesinadas eran hombres (120) y pertenecían a Morena (20 por ciento) y 21 por ciento de las víctimas era de diversos partidos y organizaciones políticas locales.
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La mayoría de los ataques ocurrió en municipios con menos de 100 mil habitantes, alejados de los centros urbanos y con poca presencia de elementos de seguridad.
Veracruz, Jalisco y Oaxaca es donde más candidatos han sido asesinados; por atentados totales, Oaxaca, Veracruz y Baja California lideran; sin embargo, Veracruz sigue adelante al ver la cifra de personas asesinadas, con 16. Al revisar las cifras por municipio, Acapulco aparece en el primer lugar con cuatro atentados. Sólo en cinco estados no se han registrado eventos de violencia política: Durango, Nayarit, Querétaro, Campeche y Tabasco.
Por tipo de víctima, se cuentan: 28 funcionarios municipales, 26 aspirantes a elección popular, 17 exfuncionarios, 14 funcionarios federales y estatales, 10 activistas, cinco excandidatos, cuatro periodistas, cuatro líderes partidistas, cuatro militantes de partidos, tres jueces, tres presidentes municipales y 25 de otros rubros de la política.
Por porcentaje, 43.2 por ciento de los incidentes de violencia política fue en contra de funcionarios en activo, 32.6 por ciento en contra de militantes y aspirantes a cargos de elección popular, 12.4 por ciento en contra de exfuncionarios y 11.8 por ciento contra activistas y periodistas.
CAUSAS DE LA VIOLENCIA
“Buena parte de los incidentes los llevan a cabo miembros del crimen organizado que buscan coludirse o controlar a gobiernos locales para dominar mercados ilícitos, como el huachicoleo, el tráfico de drogas y la extorsión”, señala el estudio.
Y agrega que “la violencia política se refuerza por los altos niveles de descoordinación que existen entre agencias de seguridad y niveles de gobierno, que dejan vulnerables a autoridades y actores políticos frente al crimen organizado”.
En ese sentido, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, anunció el 4 de marzo que el gobierno federal ofrecería protección a candidatos amenazados. De acuerdo con la secretaria, 117 candidatos ya cuentan con protección pero en marzo y abril la estrategia no logró una disminución significativa en el número de asesinatos de actores políticos.
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