La detención de Adriana Fuentes, candidata del PRI a presidente municipal de Juárez, durante el desalojo de manifestantes en las obras del Metrobús, encendió los ánimos no solo de los juarenses, sino en todo el país.
Líderes, políticos, periodistas reaccionaron exigiendo la liberación inmediata de la candidata que quedó sujeta a investigación y posiblemente sea llevada a juicio.
Ninguna presión sirvió. La Fiscalía siguió el procedimiento rutinario y hasta que hubo de rendir su declaración fue puesta en libertad. De la Fiscalía, la candidata fue recibir atención médica.
Adriana Fuentes fue la primera en protestar y encabezar un movimiento en contra de las obras del Metrobús en Juárez. Tenía ya dos meses en ese activismo.
El Gobierno del Estado amagó una y otra vez con reiniciar las obras a la fuerza y lo cumplió, apenas hubo un pestañeo en la protesta.
Los bonos de la candidata subirán como la espuma y aún no empieza campaña.
El Gobierno del Estado asumió un pleito más, ya en la recta final de la administración.
Políticos de todos colores e ideologías fustigaron la detención de la priísta.
Todos, excepto el candidato de Morena, Juan Carlos Loera.
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Antes de que Troya ardiera en Juárez, la candidata a gobernador de la alianza PAN-PRD, Maru Campos, se reunió en la frontera con mujeres líderes en un encuentro donde se destacó la importancia de la participación de ellas en la vida pública y política.
En ese encuentro, Maru Campos habló de sus propuestas para lograr la equidad de género en el estado con proyectos que redignifican a la mujer, una vez que llegue al Gobierno.
Además, claro, expuso sus proyectos en torno de abastecer de agua potable, dotar de drenaje, alcanzar cobertura universal de becas, la seguridad pública, guarderías y viviendas dignas para todos.
Durante su exposición, la candidata invitó a reflexionar sobre la situación del estado para alcanzar las metas.
Tras el impaz legal, la candidata aprovecha y suma voluntades por todo el estado.
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El presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en criminalizar la lucha de los chihuahuenses por el agua de las presas. Ahora vinculó el movimiento con el Cartel Jalisco Nueva Generación, que asienta sus reales en Jalisco.
De la nada, el presidente sacó en su mañanera que armas que habían sido robadas a la Guardia Nacional durante las protestas por el agua en la Presa La Boquilla, fueron decomisadas en un operativo realizado en aquella entidad.
Es la primera vez que se sabe que la Guardia Nacional perdió armas de cargo durante las protestas y obviamente la noticia causó impacto.
Nada más falta que la Guardia Nacional cuy honorabilidad está por los suelos, pretenda ocultar algo mucho más grave como pueden ser sus propios vínculos con el crimen organizado.
Lo malo es que con esto, el presidente hunde más a los campesinos detenidos tras los hechos en La Boquilla, donde ni la detención ni el supuesto robo de granadas de humo de una patrulla han quedado del todo claros.
Además, se pretende sepultar que los detenidos de Camargo y La Cruz, fueron testigos del asesinato de Yesica, la única víctima mortal de la lucha por el agua.
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“Nada más les recuerdo de que el Ejecutivo tiene facultad de veto”, sentenció El Peje cuando un reportero lo cuestionó sobre lo que haría si pierde la mayoría en la Cámara de Diputados.
Así de intolerante, así de dictador. Si pierdo, arrebato. Faltaba más.
López Obrador advirtió que si sus opositores ganan la mayoría en el Congreso, no será tan fácil que le quiten el Presupuesto pues el Ejecutivo tiene la facultad de veto. No hay ningún problema si nuestros opositores ganan, amagó.
Andrés Manuel no deja de entrometerse en las elecciones a pesar de que ya el INE y el Tribunal le han dicho que no puede hacerlo, que debe abstenerse de pretender ayudar a su partido y denostar a los otros.
Era obvio que no iba a dejar de hacerlo porque así son los dictadores, solo su palabra es ley.
Ahora amenaza con no respetar la voluntad del pueblo ni mucho menos la democracia.