Dentro de la sesión ordinaria virtual, la diputada juarense Marisela Terrazas, indicó que el Gobierno Federal resalta que los jóvenes son la prioridad, pero este programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, no está diseñado para atender los factores de riesgo, ni mucho menos para protegerlos de los ambientes criminales o grupos delictivos, tampoco para asegurarles una buena educación o la posibilidad de desarrollarse.
Puntualizó la diputada del PAN, que en este programa se vincula a los jóvenes con centros de trabajo para que reciban capacitación y tutoría, otorgándoles a cambio una beca. Estos centros resultan siendo falsos. En el inicio se les otorgaba 3 mil 600 pesos mensuales y para este año ascendió a 4 mil 310 pesos, esto hasta por un año y es uno de los programas más emblemáticos y costosos de la administración federal. Sin embargo, este programa ha beneficiado no sólo a los jóvenes que no estudian ni trabajan, sino que es una herramienta corruptible, sin controles, con la que particulares armaron redes para desviar recursos públicos.
Por ello es importante que la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, realicen una auditoría extraordinaria a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por las irregularidades en la estructura y la corrupción en el manejo de los recursos de este programa, indicó la Diputada Terrazas.
Esta situación no es nueva, ya que desde que inició cuenta con irregulares, donde han estado desviando recursos con otros fines. Una de las estrategias para este fraude, es que se montan centros de trabajo falsos, comentándoles a los jóvenes que acudan a estos talleres de capacitación y además de que se les dará una ayuda mensual. Aquí se les pide los datos de las personas y se les incorpora sin aviso y sin consentimiento a la plataforma de ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’, quedándose con las tarjetas en las que se depositaban los 3 mil 748 pesos, de los cuales, solo entregaban una parte a los beneficiarios y del resto se apropiaba indebidamente la supuesta ‘empresa’, resultando un negocio redondo.
Esto último fue en Nuevo León, pero también en la región Laguna y Puebla se han confirmado las mismas irregularidades. Con esta dinámica es como se lleva a cabo también en el Estado de Chihuahua, donde no existe información palpable de cuantos o de quienes son los beneficiados de este programa.
Agrega la diputada que la información proporcionada por la Secretaría del Trabajo está “incompleta” y es inverificable, asimismo, presenta estadísticas improbables y, en la página oficial de la secretaría, se puede observar que el padrón sobre los centros de trabajo sólo muestra nombres genéricos de empresas, como “Abarrotes María”; categorías inverificables, como “Diputado Federal”; o nombres propios imposibles de rastrear, como “Guadalupe”. Una completa falta de transparencia, donde no se sabe ciertamente si están apoyando a los jóvenes o cuantos son los que les brinda esta ayuda, si es que se les está ayudando, dijo Marisela Terrazas.
