La Fiscalía General del Estado informa que recibió 34 documentos en copia certificada en original por parte del periódico El Heraldo de Chihuahua, los que amparan de recibido diversas cantidades de dinero desde el 2014 y hasta el 2016.
Los representantes del medio de comunicación comparecieron ante un Agente del Ministerio Público y declararon que una persona los hizo llegar de manera anónima hasta su editorial.
Los recibos en cuestión, tienen inserta en original, una certificación que aparece hecha por el Notario Público 4 de Chihuahua, y corresponden a diversas fechas.
Por lo anterior, es obligación de la representación social realizar actos para corroborar la veracidad de los dichos de testigos o de documentos que recibe o le hacen llegar con motivo de una investigación.
De tal manera, que el Ministerio Público, solicitó de la Coordinación de Servicios Periciales, que designara expertos a efecto de que dictaminarán y determinasen, sobre la autenticidad de la certificación que en original se atribuyó al Notario Público número 4.
Una vez realizadas las pruebas científicas, los peritos determinaron que esos documentos resultan ser auténticos y que la firma, que da certeza a la función notarial, si corresponden a las del Notario Público número 4.
Esta prueba pericial, se realizó teniendo como material indubitable de confronta, las certificaciones realizadas y que obran en el protocolo de la Notaría Pública número 4 en resguardo de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Notarías.
Resulta sorpresiva la entrevista concedida por el fedatario público, a un medio de comunicación, y más sorpresivo el contenido, en la que pone en duda la certeza que caracteriza la función notarial y respecto de datos que además, se deben debatir ante un Juez; motivo por el cual, esta Fiscalía dará vista a la autoridad administrativa para que se aclare en relación al actuar del Notario Público, por hechos que afectan seriamente la ética y credibilidad de él.
Se reitera: Que el actuar de la Institución del Ministerio Público se encuentra, en todo momento, apegada a derecho, que es un principio legal que le rige, salvaguardar el derecho de víctimas e imputados, y hacemos patente nuestra convicción de que es ante los Jueces y Tribunales, ante quién se deben exponer los argumentos de cargo y defensa de las partes y no ante los medios de comunicación.
Sobre las instituciones de Procuración y de Administración de Justicia, recae la gran responsabilidad histórica de actuar con apego a la ley y a la justicia, y no apartarse de la obligación de tutelar el derecho de todos los mexicanos en términos de lo dispuesto por nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como garantía de legalidad, ética y gobernabilidad.
