México ha librado una larga batalla por afianzar su institucionalidad y consiguió madurez democrática cuando se crearon una serie de órganos autónomos que funcionaban como contrapesos al poder presidencial. Ahora López Obrador busca eliminarlos.

CIUDAD DE MÉXICO — En el peor momento de la pandemia de la COVID-19 en México —con contagios en niveles récord y hospitales desbordados—, con una crisis de violencia que por tercer año consecutivo dejó más de 30.000 homicidios y la controversial exoneración del general Salvador Cienfuegos, el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió un nuevo frente en el debate público que no debemos perder de vista: la posible extinción del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Datos Personales (INAI).

Parecería una mala broma: eliminar la institución que por dos décadas se ha encargado de construir el sistema de transparencia que obliga a cerca de 900 dependencias de todos los niveles a publicar sus gastos, contratos, nóminas, entre otros documentos, y que creó la plataforma con la que todos los ciudadanos podemos preguntar y pedir información directa al gobierno. Pero no es una broma. Tampoco parece un mensaje azaroso para distraer a la opinión pública.

El caso del INAI es particularmente importante. México ha librado una larga batalla por afianzar su democracia y su institucionalidad después de siete décadas de un gobierno presidencialista de partido único y una alternancia democrática frágil. Para lograrlo, los órganos autónomos de contrapeso al poder estatal han sido indispensables. México avanzó peldaños en su madurez democrática con la creación de estas instituciones independientes (además del INAI, están la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral, entre otros).

Disolver el INAI significaría volver a los tiempos del poder sin contrapesos, de los secretos bajo llave y del discurso oficial como verdad predominante. La transparencia es esencial, para todos los gobiernos, pero especialmente para uno que llegó al poder con la bandera de erradicar los excesos del pasado.

Desde 2019, el primer año de su gobierno, López Orador había mostrado su desprecio al INAI y otros órganos autónomos, que son parte del Estado pero no están subordinados a Palacio Nacional. Que son caros —ha dicho el presidente—, que duplican funciones del Poder Ejecutivo y que se necesitaban para controlar a gobiernos corruptos del pasado, pero no para el suyo, que por decreto es honesto y transparente.

Ahora todo indica que el mandatario quiere pasar de la retórica a la acción. El 7 de enero anunció que está casi lista la iniciativa legislativa para absorber al INAI, un cambio tan importante que requiere enmendar la Constitución para borrar, por decreto, al instituto que vela por dos derechos constitucionales: el acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Para justificar sus ataques al INAI, que ha estado funcionando desde 2002, el presidente está dispuesto a mentir desde la poderosa tribuna mediática que son sus conferencias de prensa matutinas, las llamadas Mañaneras.

Lo ha hecho en varias oportunidades al acusar al “instituto de la transparencia” —como él lo denomina— de ser una “gran tapadera” y contribuir a la opacidad, obviando deliberadamente que no es el INAI el dueño de la información para decidir qué oculta o no, sino que son los gobiernos y sus dependencias los que la poseen, administran y clasifican.

Y ha puesto de ejemplo el caso Odebrecht. El presidente señala al instituto de mantener en secreto el expediente de investigación sobre la corrupción de la constructora brasileña en México. Lo ha repetido desde 2019, la última vez el 14 de enero. Lo que calla es que dicha clasificación en realidad fue impuesta por la entonces Procuraduría General de la República y fue ratificada por la hoy Fiscalía General, que dirige la persona que el propio López Obrador designó como encargado.

Peor aún: el presidente omite que cuando el INAI confirmó inicialmente la clasificación en 2017, cambió después su criterio y ha resuelto en más de una decena de quejas (una de ellas promovida por mi) que la Fiscalía debe abrir el expediente por ser de interés público. Si el expediente de Odebrecht sigue clasificado es porque es la Fiscalía se ha negado a transparentarlo, al punto de demandar ante tribunales al INAI por pedírselo en múltiples ocasiones.

Mas allá de las descalificaciones, llama la atención que López Obrador decida ignorar el aporte indirecto del INAI en su propio ascenso al poder.

Gracias a las herramientas y criterios de transparencia desarrollados por ese instituto, el periodismo mexicano evolucionó de solo replicar declaraciones y comunicados oficiales a indagar cómo se ejerce el poder y cómo se gasta el presupuesto, un factor clave para probar la corrupción de anteriores gobernantes, todos enemigos políticos del actual presidente.

Así, se supo desde los gastos desproporcionados en toallas de la esposa del expresidente Vicente Fox, hasta los millonarios desvíos con empresas fantasma de Javier Duarte, el poderoso exgobernador de Veracruz; se desnudó el conflicto de interés del expresidente Peña Nieto al recibir una casa pagada por un contratista y se documentó la masiva desaparición de dinero del erario en la llamada Estafa Maestra.

Hechos que, sin duda, aumentaron la frustración pública con el pasado y convencieron a los indecisos de que era necesario un viraje hacia un nuevo modelo político como el que prometía López Obrador.

Pese a todo, de este debate abierto por López Obrador se puede sacar provecho. Hay algo cierto: la opacidad persiste en muchos casos y la situación del INAI no es ideal. Se pueden construir soluciones, en vez de destruir. Por ejemplo, urge dar mayor capacidad al INAI para presionar y sancionar a los sujetos y secretarías obligados a dar información. Hemos padecido, como en el caso Odebrecht, que incluso con resoluciones favorables el gobierno no informa, o lo hace a medias. Las consecuencias, más allá de una multa, son pocas. El instituto debería tener el músculo de poder de demandar en tribunales a los funcionarios que no cumplan.

El presidente propone que se entregue la información que se pida en solo tres días, y no en 20, como marca la ley. Un plazo tan breve puede derivar en una respuesta incompleta, pero vale la pena revisar los tiempos que con frecuencia tampoco se respetan.

Hoy contamos con la Plataforma Nacional de Transparencia desarrollada por el INAI, que obliga a todos los gobiernos a revelar información proactivamente, sin que se pregunte. Pero es común que dichos datos estén incompletos o se suban con retraso. Urge establecer reglas y consecuencias para que se cumpla.

Y, sobretodo, es urgente acercar a la sociedad (y no solo a periodistas o intelectuales) a los sistemas de transparencia. Que todos conozcan y aprovechen sus herramientas. La Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de 2019 reveló que apenas un 16 por ciento de la gente dice que ha presentado una solicitud de información en su vida.

Nada de lo anterior requiere desaparecer al INAI que, por si fuera poco, es responsable de salvaguardar los datos personales de los mexicanos. Trasladar su función al ejecutivo, como propone el presidente, es dejar a los ciudadanos sin una instancia independiente a la cual reclamar ante un abuso. A menos que eso sea lo que realmente busca el presidente.

Arturo Angel es periodista y reportero del portal Animal Político. Es autor del libro Duarte: El priista perfecto.

This article originally appeared in The New York Times.