– Una sola empresa fantasma de Ciudad Juárez facturó 107. 4 millones de pesos, aunque el agresivo esquema de evasión se documentó en contratos por un total de 242. 9 millones
– Recuperación de recursos tiene avances significativos en el caso de las “Constructoras de Parral”; se determinaron créditos fiscales por 85.29 mdp como parte de la Operación Justicia para Chihuahua
La administración del exgobernador utilizó cinco empresas constructoras con asentamiento en Parral, una facturadora con domicilio en Ciudad Juárez, así como a 15 ayuntamientos, para evadir impuestos fiscales en contratos por 242.9 millones de pesos, informó la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado.
Dichas empresas y los municipios tenían un proveedor común con domicilio en lo que resultó ser una papelería en Juárez, con quien facturaron 107 millones 488 mil 335 pesos.
La empresa fantasma estaba a cargo de una pareja de condición humilde. La mujer murió asesinada a balazos en octubre de 2016 y aun después de su muerte, se encontraron operaciones financieras a su nombre.
De acuerdo a la Secretaría de Hacienda, en las auditorías resultó muy evidente que las cinco constructoras de Parral trabajaban con los mismos 15 municipios, con Gobierno del Estado y con un proveedor en común al que no se detectó materialidad, bodegas, almacenes, nada que respondiera al tamaño de las operaciones.
La pareja de socios de la empresa facturera recibió cantidades importantes de las cinco constructoras y entre el 50 y 70 por ciento de las deducciones se realizó por medio de ellos, generando así el mecanismo más importante para los desvíos.
Este es otro de los casos emblemáticos de los 27 Esquemas Agresivos de Evasión Fiscal detectados en el marco de la Operación Justicia para Chihuahua que investiga la red de corrupción del exgobernador.
Identificado el caso como el de “Constructoras de Parral”, en este esquema se determinaron créditos fiscales por 85.29 millones de pesos.
Luego de las auditorías practicadas, se han embargado vehículos, inmuebles y cuentas bancarias. Algunos de los involucrados, ya se han acercado para devolver recursos del daño ocasionado al fisco, informó la Secretaría de Hacienda.
De acuerdo con la dependencia estatal, lo que cambia el paradigma del combate a la corrupción fiscal cometida en el sexenio del exgobernador, ha sido perseguir la facturación ilegal y la creación de empresas fantasma, para poder recuperar los impuestos omitidos.
En el caso emblemático específico, la dependencia especificó que se ha ido avanzando, pero aún queda una cantidad importante por recuperar de los créditos fiscales determinados por los 85.29 millones de pesos.
Informó que además se han desprendido asuntos penales que ahora son llevados por la instancia respectiva y está en proceso la publicación de la empresa facturadora en el Diario Oficial de la Federación.
La dependencia agregó que ante la conducta sospechosa, se investigó la existencia de ilícitos de carácter fiscal y si se pagaron los impuestos fiscales y financieros.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda nadie paga impuestos por dinero de corrupción pero lo que sí ocurre, es que cuando alguien da dinero como pago por corrupción, la empresa que lo paga lo factura, para tratar de justificar.
Contablemente se justifica con una factura de una operación que resulta inexistente.
La experiencia en el terreno fiscal de la Operación Justicia para Chihuahua es que se pueden seguir esas transacciones, como ocurrió en este caso, donde se investigó a la empresa que recibía dinero público y a sus proveedores con características de empresa fantasma.
Así se encontró una coincidencia en la relación de las cinco constructoras con la empresa creada para mandar el dinero y luego tomarlo para entregárselo a alguien indebidamente.
Una vez detectadas este tipo de operaciones, se inicia la Estrategia Fiscal para elaborar el perfil, graficar esquemas de evasión fiscal, las redes y los vínculos, detectar a los beneficiarios reales, la integración del expediente, determinar los créditos fiscales, la defensa jurídica integral, hasta la ejecución de los procedimientos administrativos que permitan recuperar los montos de los impuestos evadidos.
