Por Rafael Cano Franco
Uno de los grandes compromisos que asumió Andrés Manuel López Obrador en su campaña presidencial y que luego, ya electo, se volvió parte central de su discurso fue lo relativo al combate a la corrupción y la persecución de los corruptos, tanto del pasado como los que pudieran surgir en el presente.
Pero más allá de las palabras de no permitir corrupción, lo cierto es que las acciones no solamente son pobres, con resultados magros, lo peor es que el camino emprendido ha sido diametralmente opuesto a lo prometido.
Se compraron pipas para distribuir combustibles y así combatir el “huachicoleo”, pero la inversión de 75 millones de dólares en ese equipo no se ve por ningún lado, las pipas nunca llegaron y la información se reservó por cinco años.
Ahora, la compra de vacunas para combatir el covid-19 también se ha reservado como un secreto de estado y será hasta dentro de un quinquenio cuando podamos saber lo que costó, a quién se les compró, bajo cuales condiciones y la cantidad real; por lo pronto solamente tenemos que conformarnos con la llamada “versión oficial”.
La trasparencia no garantiza desaparecer la corrupción, pero resulta una excelente herramienta para que los ciudadanos puedan conocer a detalle el destino del dinero público; es la mejor forma para realizar un escrutinio a las finanzas públicas y establecer si la hacienda pública se ciñe a atender las prioridades sociales.
Por supuesto, a un gobernante lo que menos le gusta es la fiscalización; no solamente lo puede exhibir como un mal administrador, también se vuelve un arma política en su contra y eso le genera la obligatoriedad de dar explicaciones.
Pero en lugar de fortalecer las instituciones autónomas que atienden el tema de la trasparencia, el presidente López Obrador optó por mejor atraerlas a su esfera, al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) lo quiere convertir en un apéndice de la Secretaría de la Función Pública (SFP), cuya titular Irma Eréndira Sandoval es su incondicional, la pretensión es quitarle autonomía al INAI para evitar que difunda información que “duele” a la 4T.
El organismo “Mexicanos contra la Corrupción” presentó un dato que muestra el grado de opacidad con la cual se mueve el gobierno federal: solamente el 2020, vía adjudicación directa, es decir sin licitaciones, se adjudicaron contratos que ascienden a 189 mil 488 millones de pesos, esa cifra representa más dinero de lo que se entregó mediante licitaciones públicas.
Los proyectos de infraestructura de la 4T están en la opacidad: no se conocen los montos particulares asignados a empresas que participan en la construcción de la Refinería de “Dos Bocas”, tampoco lo referente al aeropuerto de “Santa Lucía”.
En Pemex y CFE hay un boquete de dinero anual que llega a los 400 mil millones de pesos y una parte de ese dinero estaba destinado a las empresas de Felipa Obrador, la prima del Presidente.
Lo trascendente es que todo ese dinero no se refleja en un auténtico bienestar social; solo para ejemplificar está el dato de que México es uno de los países en el mundo que menos recursos del PIB invierte para revertir los efectos económicos de la pandemia, con apenas el 0.05 por ciento, una cifra irrisoria y que no tiene mayor impacto.
Si el combate a la corrupción es una acción trascedente para el gobierno del presidente López Obrador, lo primero que debiera hacer es justamente fomentar la trasparencia, pero en lugar de eso se decanta por la opacidad.
Combatir la corrupción también implica someter a proceso a los políticos corruptos, tratar de llevarlos a la cárcel y evitar que puedan gozar de lo que se robaron; pero en lugar de eso lo que se ve es el perdón fiscal que se otorgó a Elba Esther Gordillo Morales; la forma como se le desinfló la detención de Emilio Lozoya; los contratos millonarios a empresas que se crearon en noviembre del 2018.
Con el pretexto de la corrupción se quitan recursos a diestra y siniestra, desaparecen programas sociales, fideicomisos, se recorta dinero a los estados, se plantean obras en los municipios pero todo bajo el esquema centralista y desde la Ciudad de México; el presidente tiene una partida secreta de 90 mil millones de pesos cada año (Salinas de Gortari, el último ex presidente que gozó de una partida secreta “apenas” dispuso de 3 mil millones de pesos anuales) y a pesar de eso no le alcanza para atender demandas prioritarias en los temas de salud y economía.
Al parecer la consigna del Presidente es que aquello que no se ve no se juzga y por ello todo lo esconde bajo las sombras y se reserva aquello que pudiera ser cuestionable.
En el rubro del combate a la corrupción no solamente se carecen de resultados, lo más lamentable es que vamos en reversa, en un retroceso que nos deja en la década de los 70, cuando existía la Presidencia Imperial.
