– Debido a que la SCJN turnó con carácter de extrema urgencia la Controversia Constitucional presentada por el Estado de Chihuahua, podría dictarse la suspensión provisional en tanto se resuelve el asunto de fondo: Consejero Jurídico
El Gobierno del Estado busca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspenda la separación de las fuerzas de seguridad federales de la Mesa Estatal de Seguridad y emita un ordenamiento al Gobierno de la República, a fin de que cumpla su obligación de trabajar de manera conjunta con las autoridades de Chihuahua.
Así lo dio a conocer el consejero jurídico, Jorge Espinoza Cortés en la conferencia de prensa virtual denominada “Retiro de las fuerzas federales de la Mesa de Seguridad. Controversia Constitucional y otras acciones”, de manera conjunta con el secretario General de Gobierno, Luis Fernando Mesta Soulé.
El consejero jurídico relató que el 3 de noviembre, el gobernador Javier Corral presentó ante la Corte, la Controversia Constitucional mediante la cual se combaten los acuerdos, órdenes o cualquier instrucción que se haya girado por parte del Gabinete Federal de Seguridad, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en cuanto a la instrucción de dejar de coordinarse con las autoridades estatales en materia de seguridad.
Precisó que la controversia fue admitida el 6 de noviembre bajo el carácter de extrema urgencia y se radicó bajo el expediente 180/2020.
“En esencia. lo que estamos combatiendo es la violación al Artículo 21 Constitucional, que ordena a las autoridades federales, estatales y municipales, coordinarse en materia de seguridad bajo ciertos principios y hace relación a la Ley Federal de Coordinación que establece las bases de la relación, en el Sistema Nacional de Seguridad”, agregó.
El consejero dijo que los acuerdos que fueron tomados de manera unilateral por parte del Gobierno Federal de descoordinarse de las autoridades estatales, violan la Constitución en el Artículo 21, las leyes federales en materia de seguridad, así como los propios manuales que ellos establecieron, tales como el Manual de Coordinación en la Construcción de la Paz y la Seguridad para Reducir los Índices Delictivos.
“No es una situación caprichosa, sino obligatoria y de orden público para todas las autoridades, federales, estatales y municipales, el de coordinarse”, resaltó.
Expresó que la administración estatal está en espera de que la ministra, a quien le fue turnada esta Controversia Constitucional, acuerde una suspensión y obligue tanto a la Guardia Nacional, a la Policía Federal y demás corporaciones que estaban en la Mesa de Seguridad, a regresar al trabajo coordinado de manera provisional, hasta que haya una resolución definitiva a esta controversia.
Agregó que la propia Corte catalogó la controversia como de extrema urgencia por tratarse del sensible tema de la seguridad, por lo que se espera que en los próximos días se conceda la citada suspensión.
El secretario general de Gobierno indicó que en realidad, “desde antes de suspender la coordinación con el Estado, desde el día 2 de septiembre la Guardia Nacional dejó de asistir a la Mesa de Coordinación y posteriormente, el día 11 se retiró la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Quinta Zona y la Zona 42, y a partir del 28 del mismo mes lo hizo el Consejo Nacional de Inteligencia”.
Pero además, añadió, el encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana ha manifestado y ha presentado fotografías de la supuesta coordinación y en virtud de esa actitud que a todas luces es inconstitucional, es por ell o que se presentó la Controversia, para exigir que se cumpla con las obligaciones que tienen con los estados.
