Chihuahua.- Como “injusto” y “fuera de lugar” calificó el exgobernador José Reyes Baeza le congelara el Gobierno Federal sus cuentas bancarias, señalando que no teme a una orden de aprehensión, «nada que preocuparme, solo que se respete mis garantías, y derechos constitucionales».
Lo anterior durante una rueda de prensa en la ciudad de Chihuahua, donde indicó que el ataque tiene un trasfondo político en la medida.
Reyes Baeza aseguró que no recibió ninguna notificación oficial de esa acción en su contra por parte de la Secretaria de Hacienda o de la Unidad de Investigación Financiera y que Bancomer fue quién le notificó de ese congelamiento el pasado lunes. «Me congelaron dos tarjetas de crédito, tres tarjetas de débito y una cuenta de inversión».
De igual manera sobre la acusación de ser incitador y estar detrás de la protesta de productores en defensa del agua, el también extitular del ISSSTE rechazo las imputaciones, ya que solo participó como invitado en una caravana.
Por lo anterior, pidió al Gobierno de la República y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reconsiderar su acción pues indicó que no es, como lo han señalado, un instigador ni está detrás de las protestas de los productores agrícolas que reclaman una solución ante la escases de agua en el estado y las manifestaciones en torno al conflicto en la presa La Boquilla en el municipio de San Francisco de Conchos.
Reyes Baeza, quien fue gobernador de Chihuahua entre 2004 y 2010, dijo que fue invitado el martes pasado como productor agrícola a participar en una caravana que se manifestaría en la presa La Boquilla y acudió con “respeto, compromiso y solidaridad con la expresión legitima que han encabezado miles de productores chihuahuenses”, ante el conflicto suscitado.
Recordó que si bien participó en el arranque de la caravana en Delicias, su tierra natal, no participó en los hechos de La Boquilla, pues regresó, por asuntos personales, a la capital del estado, y desde ese día “se han venido concatenando una serie de expresiones durante la semana pasada que derivan en que se toma esta decisión tan excesiva y arbitraria que tiene un trasfondo evidentemente político y daña nuestras garantías y derechos fundamentales como ciudadanos”.