Por Rafael Cano Franco
Hay una película estelarizada por Tom Cruise y Jack Nicholson que en inglés fue titulada “A Few Good Men”, en español se tradujo como “Cuestión de Honor”; la trama se centra en un juicio en contra de dos integrantes del cuerpo de marines, comisionados a la base militar de Estados Unidos en Guantánamo, Cuba, donde por instrucciones de su Coronel, Nathan R, Jessep (interpretado magistralmente por Nicholson), aplicaron un “Código Rojo” –castigo ejemplar—a otro marine que por ello perdió la vida.
Tom Cruise interpreta al abogado militar Daniel Kaffe y en el clímax de la película obliga a que el Coronel Jessep termine por confesar que en la base militar: “nada pasa sin que él este enterado” y de ahí la egolatría del Coronel lo lleva a terminar por aceptar que fue él quien ordenó el “Código Rojo” y con ello es el autor intelectual de la muerte del soldado William T. Santiago.
Guardadas las proporciones entre la visión de Hollywood y la realidad en México, la trama de la película tiene similitudes con el llamado “culiacanazo”.
Durante los pasados 8 meses, el Gobierno Federal dio diversas versiones de los hechos que sucedieron en Culiacán, Sinaloa, el 18 de octubre, cuando fue detenido Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y posteriormente liberado bajo el argumento de salvaguardar a la población del encontronazo entre las fuerzas policiacas y militares y los hombres del cartel de Sinaloa.
El saldo inmediato que dejó “el Culiacanazo” fue el de 8 personas muertas, la mayoría militares, 15 personas lesionadas y 51 reos evadidos de un penal local; el mensaje dejó un estado vulnerable y patentizó la política de “abrazos, no balazos” que venía proponiendo el propio López Obrador.
En una comparecencia ante el Senado de la República, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, repitió que la decisión de liberar a Ovidio Guzmán fue tomada de manera colegiada en la Mesa de Seguridad.
El propio presidente López Obrador dijo que él no estaba enterado del operativo, porque ese tipo de acciones no se las comunicaban, aunque antes había dicho también que en el país “nada pasa sin que el Presidente esté enterado”.
El Gobierno Federal determinó resguardar por cinco años todo lo referido a lo que sucedió en “el Culiacanazo” arguyendo cuestiones de seguridad nacional.
Pero la suspicacia volvió a surgir luego de que el presidente López Obrador se reunió en Badiraguato, Sinaloa con la madre del “Chapo” Guzmán y sus abogados, justo el día que también se celebraba el cumpleaños del liberado Ovidio Guzmán.
Hace unos días, el presidente López Obrador derrumbó todo el castillo de mentiras que se había construido en torno al “Culiacanazo” al aceptar que la orden de liberar a Ovidio Guzmán fue dictada por él y no por el Consejo de Seguridad, no se trató de una decisión colegiada como lo aseguró Alfonso Durazo ante el Senado, sino fue una orden directa del Presidente de la República quien determinó darle la libertad a un personaje buscado por las autoridades mexicanas y norteamericanas.
Desde la liberación de Ovidio Guzmán a la fecha se han registrado más de 20 mil muertes dolosas en México, para sumar cerca de 45 mil en lo que va de todo el sexenio. Los enfrentamientos entre grupos criminales cada vez son más violentos y más cruentos; las autoridades federales no atinan a diseñar una estrategia exitosa para combatir la violencia.
El fracaso de la política federal para contener la inseguridad pública es visible, sin embargo los allegados a la 4T exigen a los gobiernos estatales acciones y remedios a las matanzas, se hacen de la vista gorda a sabiendas que el origen del problema de violencia en las calles deriva de las concesiones que el gobierno federal ha hecho a los grupos del crimen organizado.
Ahora, legisladores y aliados de Morena y la 4T se espantan por la violencia en Caborca, Sonora o en Celaya, Guanajuato, se rasgan las vestiduras pidiendo acciones contundentes a los gobiernos estatales: pasan por alto, porque así les conviene, recordar que la creación de la Guardia Nacional fue el instrumento que pidieron para combatir el crimen organizado y hasta militarizaron sus mandos, a pesar de asegurar que serían civiles.
Con ligereza critican la inoperancia de los gobiernos estatales, a los que se les cortó el presupuesto y a los que solamente les dejaron el discurso de la coordinación, pero no cuestionan que recién el Presidente López Obrador volvió a enviar al Ejército y a la Marina a patrullar las calles y la violencia no aminoró en nada.
Resalta en todo esto que a pesar de la concentración del presupuesto para Seguridad Pública y dotar de todo lo necesario a la Guardia Nacional, a pesar de militarizarla, de recurrir al Ejército y la Marina para labores de patrullaje, los asesinatos dolosos aumentan de manera escandalosamente pero los decomisos de drogas son los más pobres de los últimos 20 años y las acciones de inteligencia son tan pobres que parecen no existir.
Indudablemente que la seguridad pública es una acción de corresponsabilidad en los tres órdenes de gobierno, pero hay una proporción determinada para cada instancia de gobierno y no hay duda que el gobierno federal, al concentrar los recursos, el personal humano y el dinero del presupuesto debe ser al que más se exija, aunque se enojen sus promotores.
Así como el Coronel Nathan R. Jessep fue responsable de la muerte del soldado William P.Santiago por mandar el “Código Rojo”, los muertos de ahora que derivan de la decisión del “Culiacanazo” deben facturarse a quien dio la orden de liberar a Ovidio.
