A la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.
A la Fiscalía General de la República.
A la Fiscalía General de Justicia de Sonora.
A las autoridades municipales de Cajeme.
La violencia es un acto anormal en la sociedad, es una manifestación de la descomposición del tejido social que nos afecta a todos; pero eso no significa que debemos acostumbrarnos a vivir en medio de la sangre que derraman los cuerpos de los asesinados.
En Sonora, concretamente en Cajeme, la violencia también alcanzó a los periodistas: el 16 de mayo fue el asesinato del colega Jorge Miguel Armenta, director de “Medios Obson”; posteriormente, el 27 de mayo, manos criminales lanzaron una bomba molotov a la vivienda del periodista Marco Antonio Duarte Vargas, propietario del medio digital “Ciudad Obregón Sin Censura”, en un hecho del que no se conoce el avance en la investigación.
Apenas el 10 de junio fue encontrado el cuerpo sin vida de la periodista Alma Angélica Aguilar Domínguez.
Se trata de hechos sin conexión aparente, pero con un denominador común: las víctimas eran periodistas.
Este jueves 11 de junio, por fuera de su domicilio fue asesinado a cuchilladas el periodista José Castillo Osuna, director y propietario del medio digital “Prioridad Máxima”. Esto lleva la escalada de violencia contra periodistas a un nuevo nivel de terror.
Si bien la violencia es un acto anormal, más anormal resulta que sean los periodistas unas víctimas constantes; esto solamente indica que las autoridades encargadas de velar por la protección de todos han fallado.
El Gobierno de Sonora ha fallado, falló también la autoridad municipal y sin lugar a dudas el gobierno federal también falló en su deber de proteger la libertad de expresión.
A nivel local siempre que suceden este tipo de eventos, de inmediato se pretende desligar el hecho de sangre del ejercicio periodístico de la víctima; para quienes investigan estos crímenes es muy importante conservar una “estadística sana” y en lugar de aceptar la realidad de que son crímenes contra la libertad de expresión, buscan la manera de justificar la muerte en otras causas y no en el trabajo profesional que estos colegas realizaban.
Las autoridades siempre aparentan premura y son comedidas para atender estas agresiones, pero no presentan resultados y luego, como suele suceder, el expediente y la investigación cambia de manos, de lo local pasa a lo nacional y con ello se da el primer paso para el famoso “carpetazo” y con ello viene aparejada la impunidad.
Esa situación es intolerable; al medio periodístico le genera oprobio y debe ser una vergüenza para todas las autoridades encargadas de brindar justicia, pero en lugar de apenarse por su falta de resultados, se escudan en “la atracción del caso” para dejarlo en el olvido.
Una vez más, un periodista fue asesinado en Cajeme, de nueva cuenta debemos exigir justicia ante un hecho consumado; en Sonora los criminales juegan al tiro al blanco con los ciudadanos y uno de sus objetivos somos los periodistas, ¿cuántos más deben morir Gobernadora? ¿Cuántas vidas de periodistas se requieren para garantizar la libertad de expresión en Sonora?
El estado, como ente encargado de garantizar todas las libertades de los ciudadanos es incapaz de resguardar la libertad de expresión, pero al mismo tiempo exhibe tolerancia a los crímenes siendo lento en la investigación, rebasado por el crimen y con todo ello dando fomento a la impunidad.
En esas condiciones es muy complicado el ejercicio del periodismo, pero a diario hay muchos colegas que salen a la calle a realizar su trabajo en medio de la violencia, la amenaza y la muerte.
Exigimos resultados inmediatos.
Expresamos un rotundo ¡¡Ya basta a la violencia!!
Reclamamos garantías plenas para el ejercicio del periodismo en todo el territorio sonorense.
Ante los hechos sangrientos y la violencia contra periodistas exigimos al Gobierno del Estado mecanismos de protección ágiles, procesos de investigación sólidos y seguimiento a todos los casos que todavía no ofrecen justicia a las víctimas y sus familias.
La violencia en Cajeme deriva de la indolencia de la autoridad municipal, pero la carencia de resultados exhibe complicidad de todas las instancias investigadoras, dejando además la percepción de que un crimen contra un periodista es otro hecho más de la violencia cotidiana que se puede archivar y dejar en el olvido.
Es cierto que las autoridades están atendiendo la crisis de salud y económica que tenemos encima por el coronavirus, pero eso no debe ser pretexto para que en materia de seguridad todo quede en el “sálvese quien pueda”, para olvidarse de otras obligaciones tan determinantes para la buena marcha de la sociedad como lo es la protección de los ciudadanos y en este caso, de los periodistas.
Esperamos resultados, pero nos han fallado tanto que la paciencia se agotó.
Rafael Cano Franco
Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores A.C.
Hermosillo, Sonora; 11 de Junio del 2020.
