Algunos están tomando el ‘Bartlettgate’, es decir, la intervención de un hijo de Manuel Bartlet, director de la CFE, en la venta de insumos con sobreprecio al IMSS, como el primer acto de corrupción de la 4T, pero se equivocan.
Este Fisgón ha ido documentando como desde el inicio de su administración, el Gobierno de la República, escudado en la “urgencia”, ha destinado varios miles de millones de pesos en compras directas, sin licitación.
El caso de las pipas para abastecer de gasolina durante la crisis del “guachicol”; la compra de medicamentos, también escudados en la crisis hospitalaria; tan solo en 2019 10 empresas acapararon jugosos contratos y luego dos de ellas fueron señaladas por AMLO de incurrir en actos “inmorales”.
De todo ello, este Fisgón ha dado cuenta oportunamente. En el caso del IMSS, se acusa al director nacional, Zoe Robledo, de comprar 20 ventiladores respiratorios para hospitales a un precio de un millón 550 mil pesos, ¡cada uno!
Los medios de comunicación rápidamente dieron cuenta del asunto, alegando que el precio en el mercado era de 800 mil pesos aproximadamente. Pero Robledo salió a defender la compra y el propio AMLO desestimó las acusaciones.
Pero luego salieron más y más detalles y se encontró con que un hijo de Manuel Bartlett, el dinosaurio priísta que se incrustó en la 4T como director nacional de la CFE, el vástago de nombre León Manuel Bartlett, es el responsable de la ventajosa compra-venta.
Es decir, el caso se le ha vuelto un galimatías a AMLO y al IMSS y aun así insisten en defender lo indefendible.
El caso ha sido bautizado como “Bartlettgate” y no solo en la República, sino en todo el país, exigen a Andrés Manuel López Obrador que abra y permita una investigación hasta sus últimas consecuencias.
Las razones de que lo haga son muchas, no solo porque fue una de sus principales promesas de campaña, de combatir la corrupción y luego que se la ha pasado afirmando que no hay corrupción, o porque por un lado niega todo apoyo al gremio empresarial pero apoya con contratos directos a sus “compas”.
Sino además, porque es de suyo grave, gravísimo, que el propio Gobierno de la República sea el que lucre con la crisis que está arrojando en México el coronavirus. Eso sí es no tener, ma…
Pero este Fisgón insiste: no es este el único caso de corrupción, ni menor, ni mediano, ni grave. Han sido muchos, desde que empezó la 4T a gobernar y solo era cuestión de tiempo para que reventaran.
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Con 2 mil 271 muertes, México está entrando en una etapa difícil de la pandemia del coronavirus, como resultado de la falta de control para cortar los contagios que ya van en 24 mil 905, según el último reporte.
Por eso, asusta más que tranquilizar, el ingreso del Ejército Mexicano para instrumentar el Plan DN-III, ese que se usa en situaciones de desastre.
Tampoco quedó claro si la orden para hacer que el Ejército tome cartas en el asunto, que hasta ayer estaba en manos totales de la Secretaría de Salud federal, se derivó de la intervención antidiplomática por parte del presidente norteamericano Donald Trump y mucho menos, si con ello se declara en México el Estado de Excepción que tanto negó el responsable Hugo López-Gatell.
Incongruentemente, el presidente Andrés Manuel sigue insistiendo que en dos semanas más, máximo tres, comenzarán a permitir la reactivación social y económica en un “paso a paso”.
Mientras que López-Gatell augura que en México podrían morir por lo menos unas 6 mil personas, y le saldría barato al país, porque todo indica que la situación está fuera de control.
Quizá así si se entienda que sea el Ejército el que entre a poner orden. Además, casi en secreto, la Secretaría de la Defensa Nacional ha ido equipando sus unidades médicas que tiene por todo el país, para atender una verdadera emergencia sanitaria, hasta ahora llamada contingencia, que quiere decir de contención.
El Plan DN-III iniciaría en aquellos estados que están al borde del colapso, como México, Baja California, Tabasco, Sinaloa, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y por supuesto la Ciudad de México.
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El senador Cruz Pérez Cuéllar acusó que los legisladores y el Partido Acción Nacional aplican la doble moral ante la contingencia sanitaria del coronavirus.
Esto porque en el Congreso de la Unión impidieron que AMLO reorientara el Presupuesto para crear un fondo que le permita atajar la crisis, mientras que en Chihuahua, el Congreso del Estado aprueba al gobernador la reorientación de recursos, los recortes y hasta el moche de salarios que le negaron al Peje.
El senador por Morena calificó de absurdo que a nivel nacional los diputados de oposición reprueben una reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, impulsada para encarar una crisis económica en medio de la pandemia mundial.
Mientras que por otro lado, aprueban una reforma que permite al gobierno de Chihuahua la modificación del ejercicio del presupuesto público estatal sin que se requiera la autorización del Congreso del Estado.
Para Pérez Cuéllar, la salud de la ciudadanía no debe estar supeditada a tintes político-partidistas porque se necesitan los recursos para combatir la pandemia.
Pero, metiche como es este Fisgón, recuerda que quienes tumbaron la iniciativa al presidente Andrés Manuel, fueron sus propios correligionarios, encabezados por el pastor Porfirio Muñoz Ledo.
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Ya se había advertido: la situación comienza a hacer crisis y no habrá dinero que alcance.
Ayer, un grupo de vendedores ambulantes y otros trabajadores, sin trabajo, salieron a las calles a protestar por la falta de ingresos o por lo menos apoyos alimenticios.
Pueden buscársele los rostros que quieran, las manipulaciones y el sospechosismo acostumbrado, pero la realidad es que esto es solo el comienzo.
No será con un botecito de gel e información de cómo cuidarse del coronavirus, como se calmará el hambre de varios miles que en Chihuahua comenzarán a resentir la cuarentena, porque son quienes al día consiguen lo necesario para los frijoles y para el camión.
Al tiempo, pero este llegará rápido y el gobierno debe tener su plan “B”.
