El gobernador Javier Corral y el delegado estatal del IMSS Arturo Bonilla, se reunieron para afinar la colaboración e información de pacientes de coronavirus.
Este encuentro, a estas alturas de la pandemia, no es producto de la casualidad, sino a consecuencia de una fuerte acusación del primero contra el segundo en un medio de comunicación nacional.
Recientemente, el mandatario estatal dijo en una entrevista con el periodista Javier Solórzano, que la alta tasa de letalidad de la pandemia en Chihuahua, era por un mal manejo del protocolo en el caso de varios infectados en una maquiladora de Ciudad Juárez y señaló como responsables al IMSS y a la empresa.
No es la única causa, también el número de pruebas en relación con el número real de contagiados que pudiera existir en Chihuahua, pero si la más importante.
En el caso de la maquiladora y la Clínica 66 del IMSS en Juárez, los medios de comunicación han estado muy cerca con los cuestionamientos, pero fríos en la verdad que reveló el gobernador.
Pero el acercamiento del gobernador con el IMSS tampoco es el primero desde que empezó la pandemia. El IMSS participa en el Centro Estatal de Emergencia, pero no acaba de integrarse del todo.
Así que ante el duro señalamiento a nivel nacional, instruyeron al Dr. Bonilla para que sse acercara a las autoridades estatales, con quienes revisó a detalle los procesos de notificación e intercambio de información, diagnóstico y atención médica por COVID-19.
Ahora sí que el gobernador uso el mismo método que detesta de los medios de comunicación que lo critican: a periodicazos hizo que el IMSS le bajara rayitas a la soberbia y comenzara a ponerse de acuerdo en la emergencia de salud.
El asunto es que no son solo números, se trata de la vida de los chihuahuenses y la estrategia indica que tiene que ser con la colaboración de todas las áreas de salud, la forma en que se aplanará la famosa “curva”.
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Pero mientras unos hacen esfuerzos para unificar estrategias y mejorar la atención, el Gobierno Federal envió un comunicado oficial a estados y municipios para que se abstuvieran de seguir realizando retenes, filtros sanitarios y toques de queda, como medidas para combatir el coronavirus.
A través de la Secretaría de Gobernación, el Gobierno señaló que las medidas son violatorias de derechos constitucionales como el de libre tránsito, pero además, afirma que los gobiernos locales no tienen la autoridad para ejercer estas medidas.
Dice que la emergencia sanitaria no representa establecer un estado de excepción ni de suspensión de garantías.
Se sabe que unos 340 gobiernos municipales del país (el 20%) han instalado puntos de revisión o filtros para limitar el desplazamiento de las personas. Otros tantos han impuesto toques de queda y al menos tres estados amenazan con arrestar a quienes no cumplan con las medidas de distanciamiento social.
Según la SEGOB, las medidas impuestas con el uso de la fuerza no cumplen con los requisitos de proporcionalidad, propician actos de abuso de autoridad y pueden tener efectos graves sobre el abasto de alimentos y medicinas; el acceso a servicios públicos, como seguridad y saneamiento, y en las cadenas de suministros de insumos esenciales de salud”.
Pues que alguien le explique a este Fisgón, como quieren que se ataje entonces la red de contagios, porque de que han sido efectivas estas medidas “anticonstitucionales”, lo han sido.
Pero bueno, son los contrasentidos de nuestros gobernantes.
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Hablando de cerrazones y tozudeces, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a arremeter en contra de los empresarios del país y los llamó corruptos.
En la entrega anterior, este Fisgón daba cuenta de cómo al mandatarios “le molestó el modito” en el que los empresarios habían acordado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), créditos hasta por 30 mil millones para micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas.
El acuerdo financiero tiene como finalidad rescatar a miles de empresarios de la crisis producto de la pandemia.
Pero como su secretario de Hacienda, Arturo Herrera, se empinó en el acuerdo, sin consultarlo, pues AMLO se molestó “por el modito”.
Luego, arremetió contra el sector empresarial y los calificó de sofistas corruptos que creen que todo sigue igual que en el pasado, porque su experiencia así se lo dicta.
Ahora dijo que cuando recibió a los empresarios en el Palacio Nacional le propusieron ese mismo acuerdo pero lo rechazó porque aunque sea para apoyar a la pequeña empresa, el crecimiento económico, crear empleos, “lo que está demostrado es que esos rescates de arribas son equivalentes a corrupción, son sinónimos de corrupción”. Así, sin más.
Ahora aseguró que el acuerdo empresas-BID y CMN también es sinónimo de lo mismo.
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Pues quien sabe que se traiga el gobernador Javier Corral, pero envió una iniciativa al Congreso del Estado para modificar el Decreto LXVI/APPEE/0638/2019 I P.O., por el que se expidió el Presupuesto de Egresos del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal de 2020.
Con la modificación, se autoriza al gobernador que celebre el Acuerdo para modificar el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Chihuahua.
Se reformarán, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación
A ver si hoy los diputados nos explican de qué se trata este asunto que se da en medio de una gran polémica por el maltrato fiscal de la Federación hacia Chihuahua.
Incluso, el gobernador Corral Jurado podría adelantar algo en su ya acostumbrado programa Chihuahua Adelante en el que a las 7am informa por redes sociales de los
