En el Senado, los integrantes de la la bancada del PAN, que coordina Mauricio Kuri, anunciaron que presentarán una iniciativa de Ley de Emergencia y Recuperación Económica.
Explicaron, mediante una videoconferencia, que está ley prevé un procedimiento para emitir una “Declaratoria de emergencia económica”, así como una serie de medidas a implementar en el ámbito fiscal, laboral, empresarial, financiero y social, con el objetivo de aminorar el impacto económico en las familias mexicanas, el sector productivo y la sociedad en general, así como mantener finanzas públicas sanas, derivado de la pandemia del virus COVID-19.
De acuerdo con la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, la propuesta legislativa de los senadores panistas otorga facultades a los tres órdenes de gobierno y dispone de mecanismos para una aplicación e implementación oportuna y eficaz de la ley.
“Organismos internacionales especializados, instituciones académicas, bancos centrales e instituciones financieras y expertos coinciden en que el mundo se aproxima a una crisis económica y sanitaria sin precedentes en décadas.
“México será una de las economías del mundo más afectadas, por su vecindad con el epicentro actual de la pandemia, Estados Unidos, por su política económica errática, con nula comprensión de la importancia de la actividad empresarial y por ser una economía que iba hacia el decrecimiento”, dijo.
De acuerdo con la legisladora, el programa de recuperación económica anunciado por el Ejecutivo federal es insuficiente, ya que no incorpora ninguno de los aspectos elementales de la actividad económica en nuestro país, que son necesarios para hacer frente a una coyuntura como la actual.
De ahí la necesidad de presentar esta iniciativa de Ley de Emergencia y Recuperación Económica, como la que otros países, en forma de decretos de emergencia, han emitido para hacer frente a los múltiples desafíos que enfrentaremos los mexicanos.
El senador Gustavo Madero Muñoz refirió que se trata de una iniciativa que encuentra fundamento en el artículo 25 constitucional, que le otorga al Estado la rectoría del desarrollo nacional, velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo.
