El 3 de abril nos citaron en las oficinas regionales de Lerma con engaños sobre una actualización de los dispositivos móviles que usamos para nuestro proceso de verificación.
El resultado de esta visita fue la recisión de nuestro contrato, nos despidieron como a unos ladrones pisoteando nuestros derechos y sin el menor escrúpulo.
El argumento fue la contingencia por el covid-19, sin embargo, nos informaron que solo recibiríamos 3 días de los 17 que corresponden a la primer quincena de abril, nuestro contrato vigente termina el 17 de abril.
Andrés Manuel López Obrador ha dicho reiteradamente que los trabajadores deben ser apoyados por las empresas para afrontar con dignidad está pandemia, el INEGI es una institución, aunque autónoma, gubernamental, ¿acaso no sería lo más coherente que cumplieran con el pago que por derecho nos corresponde al esquema de Verificación?
No pedimos nada regalado, es una cuestión de derechos, nuestro contrato termina el 17 de abril y por lo tanto debemos recibir ese pago.
El presupuesto para el censo 2020 está asignado, ¿cómo es que la figura de Santaella Castell Julio Alfonso, presidente del INEGI atropelle de esta atroz manera a sus empleados?
¿En qué momento tomo la decisión de robarnos el pago del contrato que tenemos vigente hasta el 17 de abril?
Su decisión está en contra de todos nuestros derechos, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, de la política de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México y, por qué no decirlo, del mismo instituto que preside.
Queremos que se nos asegure el pago completo de nuestro contrato, el cual termina hasta el 17 de abril, rechazamos rotundamente los 3 días que nos ofrecen a cambio de firmar nuestra recisión de contrato, no somos ladrones para que se nos trate de esta manera, con engaños y artimañas.
El equipo de verificación merece respeto y reconocimiento de nuestros derechos.
