El dictamen fue aprobado en lo general con 24 votos a favor, cero en contra y una abstención; se ordenará y transparentará el sistema de concesiones, además de terminar con los monopolios
El Congreso del Estado aprobó la nueva Ley de Transporte Público, cuya iniciativa fue propuesta por el Ejecutivo para modernizar y hacer más eficiente el servicio, ampliar la cobertura y fomentar el uso de tecnologías a favor de los usuarios, además de transparentar su operación, ordenar el sistema de concesiones y acabar con el mercado ilegal.
El dictamen fue aprobado en lo general con 24 votos a favor, cero en contra y una abstención, en medio de una trifulta que se generó entre consesionarios y operadores del transporte público y policías antimotines que acudieron a resguardar el recinto legislativo.
Desde un día antes el Congreso cerró sus puertas y fueron “blindados con vallas metálicas los accesos al edificio, mientras que los transportistas cerraron varias calles.
La mayoría de las y los diputados, privilegiaron la reorganización del transporte, el impulso a la participación ciudadana en cada región del estado y la creación del Sistema Integrado que contempla la nueva ley para garantizar un servicio con los más altos estándares de calidad.
La iniciativa fue entregada al Legislativo en febrero pasado por el Gobierno del Estado de Chihuahua, con la finalidad primordial de abatir el monopolio, eliminar las negociaciones en lo oscurito y la ilegalidad de las unidades que circulan sin estar debidamente registradas.
Entre sus principales puntos, está la promoción de la participación ciudadana, mediante la integración de Consejos Consultivos Regionales, que serán integrados por líderes de los distintos sectores de la sociedad y son quienes tomarán las decisiones relacionadas con la prestación del servicio en las ciudades y en las zonas conurbadas con población superior a los 150 mil habitantes.
Una persona designada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue), será quien lo presida en cada región, además lo integrará un representante de la Dirección de Transporte, de las secretarías General de Gobierno y de Hacienda, así como representantes de organismos empresariales, educativos y del propio gremio de transportistas.
La nueva Ley también generará certidumbre jurídica a los concesionarios, con una regulación más clara que pondrá fin al manejo discrecional en el otorgamiento de las concesiones, al eliminar su concentración en algunas cuantas personas y al promover la libre competencia.
Por lo tanto, serán revisadas cada una de las 2 mil 727 concesiones vigentes, para determinar cuáles incumplen con la prestación del servicio y con la antigüedad mínima de sus unidades, que debe ser no mayor a 10 años, disposición que incluye a quienes tienen permisos de transporte especial (de personal), de los que existen 5 mil 252.
La nueva legislación contempla además esquemas de financiamiento a los concesionarios que se apeguen al programa de modernización y regularización para adquirir nuevas unidades, mediante un fondo de garantías líquidas de 250 millones de pesos (mdp) que dispone el Gobierno del Estado, en acuerdo con Bancomext y Nacional Financiera.
Para fortalecer a los concesionarios se cambia el esquema hombre-camión, por uno de ruta-empresa, donde quienes prestan servicio en una misma ruta serán integrados en una empresa, lo que convertirá a los transportistas en accionistas.
La medida permitirá juntar 20 o 30 concesiones en una sola, para explotar mejor organizados un determinado sector y así cumplir los requerimientos de modernización.
La nueva Ley condiciona al concesionario a someterse a un escrutinio por la autoridad a los 10 años de operarla, para comprobar si la ha explotado realmente y si la forma en que lo hizo es la adecuada, lo que le permitirá mantenerla por diez años más, es decir, podría sumar hasta 20 años con ella e incluso, podría ser a un plazo mayor en caso de integrarse al sistema ruta-empresa.
Como adecuación a los tiempos actuales, la nueva Ley obliga al uso de tecnología en las unidades, con la instalación de sistema de localización satelital (GPS por sus siglas en inglés), mediante el cual se vigilará la operación de cada una desde un Centro de Control y Monitoreo, para revisar si cumplen con recorrido de las rutas en tiempo y forma.
También incorpora un sistema de innovación tecnológica para georeferenciar las unidades de transporte público de pasajeros y plantea el establecimiento de programas de optimización, sistematización y digitalización de sus procesos administrativos.
Mediante este esquema las autoridades contarán con información en tiempo real de la posición de la unidad, el momento de su encendido o apagado, la velocidad con que se desplazan, sus recorridos (vueltas), paradas realizadas y cumplimiento de horarios, lo que sustituirá la presencia de los supervisores que son desplegados durante los diversos turnos para que supervisen el cumplimiento en los tiempos de las rutas.
Otro beneficio de la nueva ley es la creación del Sistema Integrado de Transporte (SIT), mediante el cual se garantizará un servicio con altos estándares de calidad, servicio y cobertura, es decir, dará seguridad a los usuarios de que se cumplirá con los recorridos de las rutas en los horarios establecidos.
El SIT garantizará una redistribución y un pago equitativo en función de los kilómetros recorridos y la cantidad de pasajeros transportados, órgano que contará con áreas administrativas, de planeación y operación, y de supervisión y sanciones, con extensiones regionales en las principales ciudades del estado.
El titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chihuahua, Luis Fernando Mesta Soulé, afirmó que la nueva Ley es la herramienta necesaria para que los usuarios cuenten con el servicio que realmente necesitan y se merecen.
“Respecto a los concesionarios, esta ley les da la certeza jurídica que necesitan para saber bajo qué condiciones pueden operar”, destacó.
Mesta Soulé reconoció a los diputados del Congreso del Estado que aprobaron la iniciativa y que, por primera vez, coloca al ciudadano en el centro de las decisiones en materia de transporte público y además ofrece certidumbre jurídica a los concesionarios.
