En México, el sistema institucional no garantiza el derecho humano a la vida, integridad, libertad y seguridad de los periodistas, ni su derecho a la libertad de expresión, advirtió la Auditoria Superior de la Federación.
Al revelar el resultado de la auditoria al ejercicio fiscal 2018 reveló que el principal problema es que las instituciones encargadas de proteger la libertad de expresión trabajan de manera desarticulada.
Señaló, por ejemplo, que la PGR, hoy Fiscalía, inició, en 2018, 118 averiguaciones previas por delitos contra la libertad de expresión de periodistas, de ellas determinó 36 (30.5%), y sólo 18 fueron consignadas a un juez. “De cada 10 averiguaciones, en 7 no determinaron si existió o no delito”, aseguró.
Recordó que la CIDH coloca a México como el tercer país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo.
