*La del gobernador incluye algunas innovaciones, pero violenta los derechos de los concesionarios y permisionarios.
*Propone un régimen transitorio para respetar las concesiones otorgadas conforme a la Ley de 1994.
*Dotar al Consejo Consultivo de facultades para revisar y proponer reformas a la ley de Transporte.
El diputado Omar Bazán presentó una iniciativa con carácter de Decreto a fin de expedir una nueva Ley de Transporte y Vías de Comunicación del Estado de Chihuahua.
Señaló que la iniciativa que presentó el gobernador Javier Corral el pasado 11 de febrero, contiene diversas innovaciones para hacer eficiente el servicio público de transporte urbano, pero parte de su articulado violenta los derechos de los concesionarios y permisionarios.
Recordó que la Ley de Transporte y sus Vías de comunicación data de 1994 y en ese lapso ha sido reformada en cuatro ocasiones.
“El contenido de algunos de sus preceptos exige una adecuación a los tiempos modernos sin que se afecte los derechos de los concesionarios y permisionarios que conservan hasta hoy”, señaló el legislador.
Omar Bazán dijo que su iniciativa propone garantizar esos derechos, pero sobre todo la prestación del servicio público, de manera permanente, segura y que no esté al arbitrio subjetivo de las autoridades de transporte del Estado.
Se propone solución a la problemática del servicio público de transporte urbano y al servicio de transporte de carga, respetando los derechos adquiridos de los concesionarios y permisionarios, “quienes deberán asumir su obligación de cumplir los requisitos que exige la ley en cuanto a las condiciones de calidad en la prestación de este servicio público”, señaló el diputado priista.
En este apartado reitera que la duración de las concesiones del servicio público de transporte sea de 20 años, siempre y cuando se utilicen unidades no mayores de 10 años de antigüedad, mientras que los autos de alquiler deberán contar con clima artificial y una antigüedad no mayor a los siete años.
La prestación del servicio público de transporte corresponde originariamente al Estado y al concesionarlo a personas físicas o morales, estas asumen la correspondiente responsabilidad de prestarlo en las condiciones que garanticen un servicio digno y responsable, agregó.
En los artículos transitorios de la iniciativa de Decreto, el legislador priista propone un régimen transitorio para respetar las concesiones otorgadas conforme al amparo de la Ley de Transporte y sus Vías de Comunicación del Estado publicada en el Periódico Oficial el día 29 de enero de 1994, bajo los siguientes términos:
a) Lo concesionarios que cuenten con concesiones vigentes hasta antes de la publicación de esta Ley, les será aplicado en todo lo relativo al régimen jurídico de su concesión la Ley de Transporte y sus Vías de Comunicación del Estado publicada en el Periódico Oficial el día 29 de enero de 1994 y le serán respetados todos los derechos que dicha ley les reconoce.
b) Los concesionarios actuales podrán optar de forma voluntaria acogerse al nuevo régimen legal de concesiones previsto en esta Ley, para lo cual podrán solicitar la cancelación de su concesión actual, debiéndoles expedir una nueva concesión conforme a la nueva normatividad legal.
c) Lo concesionarios actuales, tendrán derecho a que una vez que su concesión conforme al régimen la Ley de Transporte y sus Vías de Comunicación del Estado publicada en el Periódico Oficial el día 29 de enero de 1994 deje de tener vigencia o expire, solicitara y obtener una nueva concesión conforme a la nueva normatividad prevista en esta Ley.
La eficiencia en la prestación del servicio no incluye únicamente la modernización de unidades de transporte, “el problema es más complejo y deben ponderarse los efectos de la inseguridad pública, el crecimiento anárquico de las manchas urbanas, el incesante incremento de los insumos, entre otros factores”.
En la iniciativa, Omar Bazán expone que el Consejo Consultivo de Transporte no ha dado los resultados que los usuarios esperan de él por lo que es urgente dotarlo de más atribuciones y reducir el número de sus integrantes.
Su actual composición supera los 20 integrantes que sesionan cada seis meses, lo que se traduce en un órgano inoperante e ineficaz, dijo.
“Nuestra propuesta es que sus integrantes sean, cuando mucho, quince personas: cinco funcionarios estatales, cinco representantes de organismos y cinco ciudadanos chihuahuenses.
La integración quedaría de la siguiente manera:
1. Secretario General de Gobierno, o el representante que éste designe;
2. Secretario de Hacienda o el representante que este designe;
3. Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología o el representante que este designe;
4. Director General de Gobierno y Transporte;
5. Director de Transporte;
Un representante de cada uno de los siguientes organismos e instituciones:
6) Cámara de Comercio, Servicios y Turismo;
7) Empresas maquiladoras;
8) Universidad Autónoma de Chihuahua;
9) Federación de Estudiantes en el Estado;
10) Confederación de Trabajadores de México en el Estado.
Dos presentantes de las organizaciones de transportistas de mayor importancia en el Estado de acuerdo al número de sus agremiados. Cada organización designará libremente a su representante.
TRES representantes de la sociedad civil, que serán designados por concurso público, en los términos establecidos en el Reglamento de esta Ley.
Pero además se propone dotar al Consejo Consultivo de facultades para revisar y proponer reformas a la ley de Transporte. Así como también, que cualquier reforma a la Ley sea consensuada, previamente, por el Consejo Consultivo.
También que sesione al menos cada tres meses para realizar un diagnóstico del servicio y se informe a la ciudadanía.
