A más de ocho años de su creación, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) sólo ha conseguido cuatro sentencias condenatorias de 803 averiguaciones previas, lo cual equivale a una eficacia de 0.4 por ciento.
Lo anterior quiere decir que el 99.6 por ciento de averiguaciones previas por agresiones contra periodistas se encuentran sin resolver.
Ante esa realidad, el senador del PAN, Marco Antonio Gama Basarte, presentó un proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), para reconocer a la Fiscalía Especializada en Materia de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, como un ente autónomo.
De acuerdo con el legislador del blanquiazul, el objetivo es que México cuente con una Fiscalía especializada fuerte y autónoma y, con ello, garantizar el compromiso institucional con periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Para Gama Basarte, ejercer el periodismo en los últimos años en el país se ha convertido en latente fuente de agresiones, violencia, inseguridad, dando pie a que se viva en zozobra y con la pérdida de decenas de vidas.
“Los comunicadores han sido objeto de cooptación, precarización laboral, persecución, censura y sometimiento ideológico a fuentes oficiales. En los últimos años las agresiones han aumentado 30 por ciento”, señaló.
La iniciativa, que fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, refiere que la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha alertado por las cifras récords de periodistas asesinados en este año.
“En 2019 se ha documentado la muerte de 11 comunicadores y al menos 13 defensores de derechos humanos, por ello, buscamos garantizar las herramientas principales y necesarias para contar real y efectivamente con un acceso a la procuración de justicia y a la protección al derecho de expresarse libremente con certidumbre, paz y tranquilidad en el ejercicio de su profesión”, detalló.
En los artículos transitorios se establece que, una vez instalada la Fiscalía Especializada, su respectivo titular de inmediato solicitará a la Fiscalía General de la República la asignación del personal que integrará las nuevas unidades fiscales, conforme marca esta ley. El panista refirió al respecto que falta capacitación adecuada del personal.
En el proceso de asignación se observarán, entre otros, los principios de igualdad, equidad y no discriminación entre mujeres y hombres.
El proyecto de decreto plantea reformas a la fracción II del artículo 11; el párrafo cuarto del artículo 14; así como adiciones a la fracción VII, recorriéndose las demás en su orden del artículo 11 y el artículo 30 Bis al Capítulo V De las Fiscalías Especializadas, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
