En el marco del décimo aniversario de la publicación de la Sentencia del Campo Algodonero, la diputada Blanca Gámez Gutiérrez propuso que la Comisión de Feminicidios del Congreso del Estado integre una mesa técnica de seguimiento para verificar cumplimiento a dicha sentencia, así como a la Recomendación General 40/2019 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre violencia feminicida.
La legisladora explicó que pese al andamiaje jurídico que existe en el país para enfrentar la violencia contra las mujeres, esta sigue presente en sus diversos tipos y modalidades en México y en el mundo.
Señaló que según registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de enero a septiembre del presente año se han registrado en Chihuahua 163 homicidios dolosos de mujeres, por lo que la entidad, ocupa el quinto lugar a nivel nacional.
Respecto al feminicidio, señalan 27 casos, de 12 de estos en Ciudad Juárez, 7 en Chihuahua, y 3 en Cuauhtémoc, Guachochi 2, Guadalupe y Calvo 2, el otro sin identificar el lugar.
Gámez Gutiérrez recordó el hecho emblemático e histórico del 16 de noviembre de 2009, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), condenó al Estado mexicano de ser responsable de violar, entre otros, el derecho a la vida, integridad y libertad personal de: Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal, cuyos cuerpos fueron encontrados con signos de tortura y violencia sexual en un campo algodonero de Ciudad Juárez, el 6 de noviembre de 2001.
Debiendo destacar que un día después en el mismo campo, fueron encontrados otros 5 cuerpos de mujeres, es decir, en total 8, pero la sentencia se constriñó a las tres señaladas, en virtud, que las familias presentaron la petición de forma individual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acompañadas de diversas organizaciones de la sociedad civil.
De dicha sentencia se despliegan 14 obligaciones para el Estado Mexicano que tienen por objeto reparar el daño causado a las familias, así como la no repetición, que comprende modificaciones institucionales, legislativas y políticas públicas de prevención y sanción, de las cuales de acuerdo a la supervisión del cumplimiento de la sentencia del 21 de mayo de 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) da por cumplidos 8.
La recomendación general 40/2019 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentada el pasado 8 de noviembre, en Ciudad Juárez; en la que se alertó sobre la gravedad de la violencia feminicida en México, está dirigida a diversas instancias gubernamentales, sin embargo, a los poderes legislativos de las entidades federativas les insta a que asignen recursos a las dependencias de la administración pública local encargadas de la prevención, atención e investigación de la violencia contra las mujeres, con el objetivo de que dejen de depender únicamente de recursos federales.
Además de analizar y reformar las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre violencia y los códigos penales con el objetivo de armonizarlos con los más altos estándares de derechos humanos dictados en la materia.
“Compañeras y compañeros legisladores es menester redoblar esfuerzos para cumplir a cabalidad con la Sentencia del Campo Algodonero y la Recomendación 40/2019 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en virtud de que todas las autoridades debemos promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. La violencia en sus diversos tipos y modalidades afecta a sociedad en su conjunto y restringe sus posibilidades de lograr el desarrollo humano”, finalizó la diputada Blanca Gámez.
