El diputado Omar Bazán Flores propone reducir el número de magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Estado de 5 a 3 miembros, con el objetivo de cumplir la reglas austeridad y racionalidad prevista por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
La modificación propuesta por el diputado priísta de ninguna manera pretende incidir en la autonomía del Tribunal Electoral para el cumplimiento de su encomienda legal y constitucional, sino cumplir con la obligación de administrar los recursos del estado de una manera eficiente.
Con ello, el organismo podrá dar continuidad a su tarea de velar por el respeto irrestricto de los derechos político electorales de las y los chihuahuenses, sin que la disminución de los integrantes de su pleno afecten la calidad o la cantidad de resoluciones emitidas, toda vez que se prevé la posibilidad de que el número de secretarios de estudio y cuenta y/o auxiliares miembros de la ponencia de cada magistrado, se vea aumentado.
Consolidar esta disminución constituirá un síntoma inequívoco de transición hacia un escenario de austeridad, en el que el máximo aprovechamiento de recursos públicos sea imperativo, sin que ello merme la importancia de su papel para la construcción de la democracia en el Estado.
El Tribunal Estatal Electoral se integra por tres magistrados, de los cuales uno deberá ser de distinto sexo a los otros dos y deberán satisfacer los requisitos de elegibilidad que establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Los magistrados miembros del pleno del Tribunal Electoral del Estado continuarán en sus cargos para cumplir el periodo para el cual fueron designados y, de ninguna forma se afectarán los derechos derivados de su designación por el Senado de la República, por lo que durarán en su encargo durante el periodo que señala su nombramiento.
Los magistrados miembros del pleno del Tribunal Electoral del Estado continuarán en sus cargos para cumplir el periodo para el cual fueron designados y, de ninguna forma se afectarán los derechos derivados de su designación por el Senado de la República, por lo que durarán en su encargo durante el periodo que señala su nombramiento.
Una vez acabado el periodo de los dos magistrados que fueron nombrados por un plazo de 5 años, mismos que concluyen en diciembre de 2020, no se harán nuevos nombramientos para cubrir dichas vacantes, situación que deberá hacerse del conocimiento del Senado de la República.
