Con la finalidad de conceptualizar las obligaciones de la Fiscalía General del Estado y del Instituto Estatal Electoral en materia de violencia política contra las mujeres, dentro del Decimosexto Periodo Extraordinario de Sesiones, el Congreso del Estado, llevó a cabo una serie de adiciones a la Ley del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El diputado Miguel La Torre Sáenz, vocal de la Comisión Segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales, al dar lectura al Decreto, señaló que le corresponde a la Fiscalía General del Estado promover, y proteger el ejercicio de los derechos humanos de las personas víctimas y ofendidas en casos de violencia política contra las mujeres.
De la misma manera, a la Unidad de Igualdad de Género del Instituto Estatal Electoral, le corresponde prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política en contra de las mujeres.
Además, recopilar estadísticas sobre la realización de dicho tipo de violencia política en el ámbito electoral que permita diagnosticar el problema y diseñar acciones concretas; realizar una difusión permanente en los medios de comunicación respecto a las conductas, acciones u omisiones que conllevan a la violencia política, la prevención, formas de denuncia y conciencia sobre la erradicación de la violencia política en contra de las mujeres.
Dicho Instituto, habrá de capacitar sobre violencia política contra las mujeres a simpatizantes, militantes, precandidatos, candidatos de los partidos políticos o independientes, funcionarios de mesas directivas en jornada electoral y al personal que labora en el propio Instituto, e incluir en sus programas de capacitación y formación sobre medios de impugnación electoral el tema de la violencia política, incentivando el litigio estratégico en estos casos.
Cabe mencionar que al dictamen se agregó la petición realizada por el diputado Rubén Aguilar, integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo, por medio del cual solicitan la destitución de los funcionarios públicos que hayan incurrido en casos de violencia política.
