Explican Fiscalía, Función Pública y Hacienda la ruta de la recuperación de los recursos saqueados que podrían alcanzar los 2 mil 955 mdp por evasión y por créditos fiscales
Durante la Presentación del Fondo de Reparación Justicia para Chihuahua, en el Patio Central de Palacio de Gobierno, el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo García, dijo que desde el inicio de la administración se detectaron e investigaron esquemas de evasión fiscal y de desvío de recursos.
Señaló que a la fecha se tienen 14 asuntos penales en proceso que implican mil 043 millones de pesos de evasión fiscal y que el Gobierno del Estado podría recuperar 2 mil 955 millones de pesos (mdp), de los cuales, mil 43 serían por evasión fiscal y mil 952 por créditos fiscales determinados.
Dijo, que al momento se tienen 140 victorias fiscales derivadas de investigaciones y auditorías, con un monto por recuperar de mil 658 mdp en 47 créditos fiscales determinados y 294 mdp de 22 créditos fiscales por emitir “a la alza”, porque constantemente se actualizan los recargos de dichos créditos.
Manifestó que de los casos investigados, sobresalen un simulacro de impartición de cursos por más de 150 mdp, así como la venta de software por más de 20 mdp, ambos casos en los que nunca existieron esos bienes o servicios prestados.
El funcionario explicó que para detectar esos esquemas de corrupción se desarrollaron siete pasos: 1. Elaboración del perfil del contribuyente y documentarlo, 2. Graficar esquemas de evasión fiscal, redes y vínculos, 3. Detectar beneficiarios reales siguiendo la ruta de los recursos, 4. Iniciar facultades de comprobación EDO (Empresas que Deducen Operaciones Simuladas) e integración de expedientes EFO (Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas), 5. Determinación de créditos fiscales, 6. Defensa jurídica integral y, 7. Procedimientos administrativos de ejecución.
Informó que se detectaron 23 esquemas agresivos de evasión fiscal lo que representa un total de 365 contribuyentes involucrados con operaciones con el Gobierno del Estado, de los cuales 127 son proveedores directos y 238 contribuyentes que fueron proveedores de proveedores de Gobierno.
Mencionó que una empresa que se constituyó en 2012, para 2015 fue el proveedor más importante del Gobierno, seguido de los proveedores que construyeron la Ciudad Judicial, “es decir, de manera absurda lograron incrementar las ventas y facturó 3 mil 700 mdp, por lo cual, esta empresa ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en calidad de empresa fantasma”.
Expuso que a la fecha se publicaron en el DOF 113 empresas fantasmas de las cuales, 103 realizaron a través de 38 proveedores, una facturación de primer nivel por 755 millones de pesos.
El servidor público precisó que existen comunes denominadores de operación de 23 esquemas que tocaron en 22 entidades federativas, cruzaron fronteras nacionales e incluso algunas transferencias internacionales, de las cuales el 72 % se ubica en Chihuahua y el resto en el interior de la República. Además, el 42 % comparten domicilio, socios o representantes legales; el 16 % fueron liquidadas o suspendidas después de ser utilizadas y el 74 % no cuenta con activos empleados o capacidad para realizar las operaciones, e incluso algunas no están localizadas en su domicilio que reportan como fiscal.
Previamente, la secretaria de la Función Pública, Mónica Vargas Ruiz, destacó la relevancia de la vigilancia de que los funcionarios realicen su trabajo de manera íntegra y que los recursos se utilicen para lo que fueron destinados.
Indicó que la dependencia a su cargo no solamente denuncia e investiga actos de corrupción, sino que busca construir una cultura de la legalidad, a través de la formación integral de servidoras y servidores públicos, el reforzamiento de la normatividad para adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y obra pública, a fin de garantizar las mejores condiciones para el Estado, fundando los procedimientos en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez.
Detalló que a partir de octubre de 2016 se tuvo conocimiento de irregularidades cometidas por servidores públicos de 2010 al 2016, en entes como la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Desarrollo Rural, Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Educación, Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (Fideapech), DIF Estatal, Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, así como la Coordinación de Comunicación Social, entre otros.
Las irregularidades: fueron adjudicaciones realizadas de manera discrecional, procesos de contratación simulados con empresas fantasmas; es decir, la utilización de empresas sin infraestructura, activos, capacidad material, directa o indirectamente, no localizables, pagos indebidos sin justificación ni comprobación al carecer de la documentación que acreditara la prestación del servicio o entrega del bien, obra pagada no ejecutada, predios adquiridos a un precio por encima de su valor real y el otorgamiento indebido de subsidios, beneficios y créditos.
La funcionaria destacó que se identificaron múltiples pagos millonarios a la Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua, así como a la Financiera División del Norte, S. A. de C. V. Sofom E. N. R., de las cuales el ex gobernador de Chihuahua era socio y presidente de su Consejo Directivo, y fundador y accionista principal, respectivamente.
Informó que la Secretaría de la Función Pública presentó 62 denuncias penales ante la Fiscalía estatal por actos que podrían constituir un delito, que sumarían un daño al erario por 2 mil 460 millones 616 mil 348. 52 pesos.
Además se encuentran 68 expedientes en proceso de investigación por irregularidades administrativas y han iniciado 24 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa que involucran a 82 servidores y ex-servidores públicos; procedimientos que suman un daño estimado a la Hacienda Pública por 715 millones 881 mil 298.68 pesos.
De esos 24 procedimientos, 20 procedimientos administrativos disciplinarios se encuentran en etapa de substanciación y los otros cuatro se encuentran con resolución definitiva; en dos de ellos está denunciado el ex gobernador del Estado.
El fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, expresó que Justicia para Chihuahua más que el nombre de una estrategia, es el reclamo de una sociedad, de un pueblo cansado del abuso y de la corrupción; “es un grito de la sociedad en contra del engaño del que se beneficiaron unos cuantos en detrimento de muchos”.
Comentó que al iniciar este gobierno, el reto de realizar lo impensado, lo que nunca se había hecho, era combatir la corrupción, puesto que el pacto de impunidad si existe y se pudo comprobar en las omisiones y las desviaciones de los recursos públicos que pocas veces son investigados y que hoy en día hay todavía gobiernos que se resisten a ello.
Relató que el primer paso fue integrar un grupo de profesionales expertos honestos, con la capacidad y el tiempo para investigar y reunir la evidencia para integrar las investigaciones en contra de quienes defraudaron la confianza social de la población, sobre todo de quien menos tiene, menos sabe y menos puede.
Compartió que iniciada la investigación, al solicitar la documentación fiscal o financiera a los órganos federales ahí empezaron las resistencias, sobre todo con la denominada “Operación Safiro”, porque con la prevención preventiva impuesta a los probables responsables, secretarios de estado, fiscales, jueces y magistrados se volcaron en hacer prevalecer el manto de impunidad que aun hoy se litigan las consecuencias de la andanada corruptora.
“Nos falta mucho por andar todavía, pero hay un gran valor en lo que se ha hecho hasta ahora, hay un gran legado que el estado Chihuahua ha entregado a la nación. Le hemos entregado al país la certeza de que la complicidad corruptora del poder puede ser enfrentada y puede ser vencida”, resaltó el fiscal.
También, señaló: “Sépanlo todos, hay una gran sociedad chihuahuense que desde su lugar en esta comunidad aplaude e impulsa las acciones en contra de la corrupción, a esa comunidad a esas personas nobles y leales es a quienes entregamos nuestro empeño en Justicia para Chihuahua, para que de una vez por todas no vuelva a suceder eso que tanto nos lastimó, para que las fuerzas de la ley y la templanza de las instituciones en este noble pueblo de Chihuahua, desterremos juntos la amenaza de la corrupción”.
