Llegó la hora de sumar y de posturas firmes. El gobernador Javier Corral por su lado llamó a sus homólogos panistas del país a defenderse de los recortes presupuestales de AMLO, mientras que el PRI pidió al mandatario chihuahuense no pelearse con la federación.
Para Corral, es tiempo de una nueva Convención Nacional Hacendaria que obligue a El Peje y a cualquier presidente a dar a cada entidad lo que le corresponde de acuerdo a lo que genera de impuestos.
Es también tiempo de exigir e incluso, de pensar en separarse fiscalmente de la federación si mantienen el castigo a las entidades federativas.
Ahí es donde el PRI y las demás fuerzas políticas deben sumarse a exigir al presidente de México que entregue lo justo y que deje de tirar el dinero en caprichos que únicamente le harán daño al país.
La reflexión que engloba todo esto es la siguiente: “claro que es relevante el crecimiento económico, es muy importante crecer económicamente, solo un país que crece puede tener desarrollo económico y una mejor distribución de la riqueza y precisamente esta es la fórmula: apoyar a las empresas, mantener el valor de que la iniciativa privada es la más viva fuente de crecimiento social”, porque el discurso de El Peje es que no es necesario impulsar la economía para lograr el desarrollo.
Por eso, el llamado es a no quedarse callado, a actuar, antes de que sea demasiado tarde.
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Pues no solo les ganaron la presidencia de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado a los panistas, sino que ahora los van a investigar por órdenes de Rubén Aguilar.
La desafortunada decisión de la oposición para vengarse del PAN apoderándose de la Jucopo por medio del dueño del PT en Chihuahua, está desestabilizando la actividad en el Congreso y las consecuencias sin duda serán devastadoras.
Mientras se decide quién manda, Rubén Aguilar ordenó investigar al propio presidente del Congreso René Frías y remover a los titulares de las secretarias de Administración y de Asuntos Legislativos.
Al PAN le está saliendo caro sostener al diputado del desaparecido PES, Misael Máynez, pero también la confianza que depositó en otros legisladores para mantener el control de la Jucopo. Una jugada fallida.
Impensable una negocia por las posiciones irreconciliables, habrá que ver si llega la ayuda externa o tendrán que transitar así hasta el siguiente cambio de poderes internos.
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El Senado de la República aprobó la Ley para castigar la creación de “empresas fantasma” y la facturación falsa en la comprobación de recursos principalmente que tengan que ver con el erario público.
Aunque hubo votos en contra de esta medida contra la corrupción y la defraudación fiscal, los senadores que se opusieron explicaron que el dictamen contiene errores que pueden llevar a excesos y convertirse esta Ley en un terrorismo fiscal.
Legisladores del PAN, del PRI, MC y PRD, advierten que esto pudiera ser incluso la puerta para que las autoridades inicien persecuciones con fines fiscales pero con intereses políticos.
La Ley salió adelante con el voto de los morenistas y sus partidos alfiles, considerando que es necesario combatir a las “empresas fantasma” ya que hasta el sexenio pasado se utilizaron para ocultar y desviar miles de millones de pesos que han costado mucho a los mexicanos.
Se trata, dijeron, de combatir a los delincuentes disfrazados de empresarios, de los que en Chihuahua tenemos muchos ejemplos sometidos a juicio y otros buscados por la justicia.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió improcedente el reclamo del Ayuntamiento de Parral que preside el independiente Alfredo Lozoya para suspender las modificaciones que hizo el presidente de México al programa estancias infantiles quitándoles los recursos.
Ya el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, había negado en una resolución, conceder la suspensión por lo que los abogados de Parral hicieron la reclamación, la cual también fue negada ayer.
La resolución estuvo a cargo de la Primera Sala de la Corte, donde los cuatro ministros que la componen concluyeron que el reclamo era fundado, sin embargo, resultaba improcedente.
Ahora, habrá que esperar a noviembre cuando el pleno de la Suprema Corte se pronuncie en general sobre el tema, ya que hay que recordar que fueron varios los municipios los que se ampararon contra la medida de quitarles los recursos a las guarderías y se debe sentar jurisprudencia.
