*Chihuahua, entre los estados por encima de la prevalencia de violencia sexual contra mujeres en México, de acuerdo al INEGI
El diputado Omar Bazán presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para declarar como imprescriptibles los delitos de violación, abuso sexual e incesto.
También, en el caso del artículo 184, que establece sanciones para “quien pague o prometa pagarle con dinero u otra ventaja de cualquier naturaleza a una persona menor de dieciocho años o a un tercero para que aquélla sostenga relaciones o actos sexuales o eróticos”, propone que aplique la no prescripción independientemente de que la víctima sea o no menor de edad.
El legislador priista dijo que los feminicidios y todo tipo de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres adultas han ido en aumento, “es una crisis que no se puede soslayar”.
Dijo que una de las acciones para abatir la incidencia de delitos sexuales es detener y castigar a los responsables, por lo que propuso la no prescripción de los delitos de violación, abuso sexual e incesto.
De acuerdo con los datos del Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres del INEGI, la prevalencia de violencia sexual en las mujeres mexicanas es de 41.3%.
Seis de cada 10 mujeres de la CDMX han sido víctimas de violencia sexual; mientras que en Jalisco y el Estado de México son cinco de cada 10.
Chihuahua, Querétaro, Aguascalientes, Quintana Roo y Yucatán se encuentran entre los estados por encima de la prevalencia de violencia sexual contra mujeres.
La prevalencia de violencia total contra mujeres en México es de 66.1.
Omar Bazán dijo que la incidencia de delitos sexuales que no se denuncian es alarmante y la explicación de las víctimas es que no confían en la justicia.
El Gobierno federal también ha advertido de las fallas de su propio sistema judicial y de los de las 32 entidades del país y se estima que entre 2010 y 2015, al menos 600 mil delitos sexuales al año en el país no fueron denunciados por la desconfianza de las víctimas hacia los operadores del sistema penal, el maltrato de algunas autoridades y un marco jurídico que atenta contra la dignidad de las víctimas, al no otorgar una atención especializada para estos delitos.
