La aprobación del Decreto LXVI/RFCNT/0354/2019 IIP.O. que contiene las modificaciones legales que abren la puerta a una serie de abominaciones como el aborto, la pedofilia, la eutanasia, el “matrimonio” homosexual, la legalización de drogas, entre otras, avanza entre los Cabildos municipales.
El llamado que hacen las asociaciones Pro-Vida no han surtido efecto entre los integrantes de los ayuntamientos que ni se han dado el tiempo para leer el contenido del decreto y solo lo aprueban porque se les ordena desde la capital del estado.
El Decreto debe alcanzar el 51 más uno de la población total del estado, representada a través de los 67 ayuntamientos, por lo que con los municipios más grandes le basta para que se vuelva vigente, es decir, obligatorio para todos los ciudadanos chihuahuenses.
La reforma establece el llamado “derecho al libre desarrollo de la personalidad”, lo cual implica en forma soterrada, los aspectos descritos líneas arriba, además de otros como eliminar la patria potestad de los padres y otros más que atentan en contra del núcleo familiar.
Las asociaciones que luchan a favor de la vida, reportaron que municipios como Camargo, Guerrero, Juárez y Cuauhtémoc, aun no se pasaba a la votación del Decreto, mientras que Delicias, Meoqui, Aldama, Parral, Chihuahua, Guachochi y Guadalupe y Calvo, ya se habían pronunciado por esas reformas.
Otros ayuntamientos que estaban entrando en la consulta, hasta ayer, son: Jiménez, Guerrero, Madera, Bocoyna, Buenaventura, Ojinaga, Ascensión, Balleza, Batopilas, Rosales, Urique, Ahumada y Aquiles Serdán.
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Otra consulta ciudadana que gana terreno, donde hasta ayer reportaban mil 345 firmas es decir, 39.28 por ciento de las que fueron solicitadas por el Instituto Estatal Electoral, es en el proyecto para solicitar un plebiscito en torno a los proyectos de luminarias de Chihuahua y Juárez.
Como se sabe, la recolección de firmas autorizadas por el IEE, es apenas para ver si se aprueban los plebiscitos solicitados por unas asociaciones y ciudadanos en particular, que exigen su derecho a ser escuchados por las autoridades de Chihuahua y Juárez en torno a lo que se supone será un gasto multimillonario que heredará la deuda a varias administraciones.
En caso de que los ciudadanos solicitantes reúnan la cantidad de firmas exigidas, las rúbricas pasarán a los filtros que establezca el propio IEE para determinar si no fueron falsificadas, si los ciudadanos tienen credencial de elector vigente, si las firmas no fueron coaccionadas o compradas, que estén en los ámbitos de las municipalidades y otros más que difícilmente permitirán que pasen las pruebas.
Pero hasta ayer se empezaron a congregar filas en las mesas receptoras de firmas y bueno en el caso de la Presidencia Municipal de Chihuahua, se sabe que están enviando a sus empleados y afines para respaldar el posible plebiscito.
El IEE les pidió reunir 3 mil 422 firmas, que representan el 0.5% del Listado Nominal (Padrón Electoral de la capital), y si al domingo ya eran 1,345, ayer lunes pudieron rebasar el 50%, y avanzando.
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Los macrojuicios que prometían el jucio del siglo y la recuperación de las carretadas de dinero que se robaron César Duarte y sus huestes, se convirtieron en microjuicios con triunfos chiquititos.
Aunque con bombo y platillo se festina cuando alguno de los involucrados en la Operación Justicia para Chihuahua es condenado, las cifras no sobrepasan los 3 millones de pesos y lo que es peor, el Estado aun no ve reintegrado un solo peso de esos juicios.
En cambio, habrá que auditar cuánto se gasta en cada uno de esos maxi-juicios; cuánto cuesta tener más de un año a cada uno de esos involucrados en la cárcel, llevándolos y trayéndolos a los juzgados, pagando guardias para cuidarlos, a los jueces y todo el personal que se involucra en cada audiencia, en cada diligencia.
Al final, los resultados han sido micros.
El último en ser condenado es Antonio Enrique Tarín, quien en la administración de César Duarte Jáquez fungió como director de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda. Aunque las acusaciones en su contra sobrepasan los 50 millones de pesos por diversos peculados, apenas lo han enjuiciado por los más pequeños.
Tarín fue declarado responsable de peculado agravado por 2.4 millones de pesos, mismo caso por el que ya fueron sentenciados el ex diputado Fernando Mariano Reyes Ramírez y el empresario Iván Elí Sánchez Jasso.
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De la sierra a la capital, un llamado que debe preocupar al Gobierno del Estado y que no debe culpar a nadie, sino atender de inmediato el problema.
Hace años hasta la sierra llegaron los de la influyente televisora Al-Jazira, alertada por unas declaraciones de un líder indígena, que literalmente decía que “los indígenas se lanzan al vacío de las barrancas por hambre”.
Ya las televisoras nacionales y los principales medios de comunicación habían dado vuelo a la noticia y el Gobierno del Estado minimizó y culpó a otros.
Lo que resulta inconcebible es que la administración estatal tiene al frente del tema a dos de los principales promotores de los derechos humanos y de los pueblos indígenas, como son Peti Guerrero en Coepi y Víctor Quintana en Desarrollo Social, por lo que la manifestación huele a algo más que simple hambruna.
Sin embargo, mal harían los responsables en minimizarlo políticamente, porque las consecuencias en estos temas suelen ser muy dolorosas.
