Telésforo Santiago Enríquez, periodista y fundador de la radio comunitaria “El Cafetal” en San Agustín Loxicha, Oaxaca, se convirtió en la víctima número seis de los comunicadores caídos este 2019 en México, por hacer su trabajo.
Telésforo se distinguía entre otras cosas, por sus críticas en contra de los gobiernos de los tres poderes que hacía para ayudar a su comunidad indígena. Fue asesinado el pasado 2 de mayo.
Como los otros compañeros asesinados, fue embocado y acribillado por sujetos desconocidos. Los hechos ocurrieron en el barrio Ampliación Tres Cruces, cuando se desplazaba en su automóvil.
Paradogicamente fue asesinado la víspera de la celebración mundial de la Libertad de Prensa, aunque ya sabemos que se trata de una fecha más a modo por parte de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidad para la Educación, la Ciencia y la Cultura) que más que festejar, lastima a los periodistas del mundo.
Santiago Enríquez además era profesor de educación indígena y defensor de las lenguas nativas de su comunidad. En sus programas de radio abordaba temas de análisis y crítica hacia funcionarios de los tres poderes, especialmente los locales.
Pues bien, tal como ha ocurrido en los casos de asesinatos de colegas en México, ninguna de las dos estancias encargadas de la protección, seguridad, atención y esclarecimiento de agresiones a periodistas, emitió ningún pronunciamiento, insisto, ni este caso de Telésforo Santiago, ni de ningún otro ocurrido en el país.
Es decir, son instancias completamente ajenas a la seguridad de los comunicadores de México.
Esas instancias son: la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) que depende de la Fiscalía General de la República y, Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, ambos del Gobierno Federal, la primera a cargo de Ricardo Sánchez Del Pozo y la segunda de Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez.
Ricardo Sánchez prometió que para el pasado mes de abril, la Feadle contaría con ministerios públicos capacitados en investigación científica, persecución del delito desde la perspectiva de libertad de expresión, así como con un manual de procedimientos para que los fiscales sepan defender los casos en los juicios orales.
Estos agentes ministeriales serían capacitados por el Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial de la FGR; de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
Según Sánchez del Pozo, la Feadle obtuvo en 2018 seis sentencias de las apenas 10 obtenidas por esta fiscalía desde el 2012 y tiene abiertas 93 carpetas de investigación. Sobre casos de homicidios, hay 31 en trámite; en cuanto a denuncias por delitos contra la libertad de expresión, en 2017 hubo 135 y 86 en 2018.
De acuerdo a las últimas cifras ofrecidas por esta fiscalía, es mucho el trabajo que tienen por las agresiones a periodistas y propiamente a la libertad de expresión, sin embargo, a juzgar por los casos de asesinatos, siguen totalmente desvinculados con el Mecanismo de Protección, porque de nada sirve que se presente una denuncia, si no hay protección al comunicador amenazado.
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