Por Rafael Cano Franco
Criminalizar la crítica es censura
Todo gobernante o político desean en su yo interno que sus errores no se noten, que pasen desapercibidos y sin mayores consecuencias; los medios de comunicación y los periodistas están precisamente para señalar y exhibir esos yerros, para documentar los efectos que tienen las decisiones en la sociedad.
Por supuesto, a nadie le gusta se le señale un acto equívoco o una mala decisión; los políticos miran desde su atalaya y creen que todo debe ser de acuerdo a su criterio por el simple hecho que ellos así lo decidieron.
En las últimas semanas hay señales claras de intolerancia a la crítica; un hostigamiento sistemático a las voces que atinadamente señalan los errores que se cometen desde el gobierno, pero también una andanada contra quienes en el pasado se atrevieron a documentar lo peligroso que era votar por un gobierno de corte populista.
Todo lo anterior no es más que la manifestación clara del autoritarismo, la censura como herramienta promotora del silencio y aplicar la fuerza del estado para acallar, por la vía legal o con linchamientos públicos, las voces que lo cuestionan o que abiertamente lo critican.
Los ejemplos ahí están:
El historiador y periodista, Enrique Krauze es objeto de una persecución porque desde el gobierno federal se le acusa de participar en un complot para desestabilizar e impedir el triunfo de Andrés Manuel López Obrador; lo que ha hecho Krauze solamente es documentar las barbaridades cometidas por gobiernos populistas en distintas latitudes del planeta y las consecuencias que eso ha generado para los pueblos que los padecen.
Desde las más altas esferas del gobierno, personajes como Epigmenio Ibarra han lanzado acusaciones sin pruebas contra Krauze, aseguran que recibió dinero del PAN y empresarios para montar una guerra sucia en contra de López Obrador y eso lo califican como “conspiración contra la democracia en México”.
No solamente es una acusación desproporcionada, también es un señalamiento sin razón ni argumento, pero además proviene de un personaje como Epigmenio Ibarra cuyo aporte a la democracia son las “narco series”.
Pero hay más.
Al gobierno actual no le agradó el documental “El Peligro del Populismo” y han iniciado acciones legales contra las empresas Cinepolis, Coppel y contra Alejandro Quintero Iñiguez, señalándolos como los responsables de financiar ese documento fílmico.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda dijo que iniciará una persecución contra cualquier “campaña negra” –así llaman a la crítica—que haya existido contra el presidente López Obrador.
Una persecución de esa naturaleza no solamente atenta contra la Libertad de Expresión y la libre circulación de ideas y posturas ideológicas, es también una muestra de autoritarismo y la manifestación clara de la intolerancia gubernamental para quienes no piensan igual que ellos.
Está claro que disentir en México se convirtió en una acción osada y quienes se atreven a expresar, por cualquier medio, su postura disidente son objetos de un linchamiento público que inicia en redes sociales.
En esto también hay evidencias, quedó demostrado que desde la Presidencia de la República se utiliza una estrategia en redes sociales que implica el uso de bots, trolls y fans para atacar a los medios de comunicación, los periodistas y usuarios que lanzan críticas al Gobierno de México, según los estableció una investigación realizada por ITESO.
Los ataques se manifiestan a través de tendencias como #Prensa Fifí o #Chayoteros, generando un discurso de odio contra los críticos gubernamentales, exhibiéndolos como si fueran los peores enemigos del desarrollo de México y exponiéndolos a ser objetos de agresiones físicas, con la única pretensión de obligarlos a guardar silencio.
No menos importante es la indolencia y la falta de acción que manifiesta el gobierno ante los asesinatos de periodistas; cómodamente han dejado que la investigación recaiga en las Fiscalías estatales y han sido omisos en la atracción de esos procesos; entidades como Sonora y Baja California Sur han resuelto los casos que se han presentado, pero hay seis muertes de comunicadores y periodistas que no presentan avance y eso solamente indica el desprecio que existe desde el Gobierno Federal para garantizar el derecho a la Libertad de Expresión e investigar y ofrecer resultados a las familias de las víctimas y al gremio periodístico que le reclama resultados.
Una sociedad democrática requiere de una prensa libre, de voces críticas opinando sin restricciones, eso es lo que realmente genera avance y desarrollo; acallar, hostigar, linchar las voces opositores es tanto como criminalizar la crítica y está visto que una sociedad sin posturas divergentes no avanza y sí retrocede, de ahí la importancia de defender el derecho a la Libertad de Expresión, sin cortapisas y sin adjetivos.
Rafael Cano Franco es reportero y conductor de noticias, también preside el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores A.C.
