El Partido Revolucionario Institucional a través de sus diputados locales Rosa Isela Gaytán Díaz y Omar Bazán Flores, así como la secretaria general de este instituto político, Georgina Zapata Lucero, denunciaron que Chihuahua perdió 28 meses de desarrollo y seguridad con Javier Corral Jurado al frente de la administración estatal.
Este día, el gobernador cumple 2 años y cuatro meses al frente del Ejecutivo y el balance de los chihuahuenses, a la mitad de su mandato, es de decepción no obstante la permanente disposición y el llamado del PRI para trabajar de la mano en todo aquello que beneficie a Chihuahua.
Hay una total indiferencia hacia el PRI y el resto de las fuerzas políticas que no se someten a los caprichos del gobernador, señalaron en conferencia de prensa.
“Nos sumamos con tristeza a la decepción que se percibe en cada rincón del Estado ante la ineficacia, frivolidad, protagonismo electorero y actitud de confrontación de Javier Corral, el panista que en 2016 ofreció un gran cambio para Chihuahua”.
Obsesionado en su combate a los presuntos actos de corrupción cometidos por servidores públicos de la pasada administración -ACCIÓN QUE NUNCA HEMOS CUESTIONADO-, Javier Corral perdió la “brújula”: ahora está empeñado en convertirse en el referente de los contrapesos políticos del País mientras Chihuahua se cae a pedazos.
Denuncia el gobernador violaciones a la soberanía del Estado cuando ha sido pública su intromisión en los otros dos poderes, el Legislativo y el Judicial.
Con el respaldo de sus diputados incondicionales en el Congreso del Estado, promovió un presupuesto recaudatorio para 2019 y una reestructura de la deuda pública con diversas inconsistencias y hoy motivo de controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El gobernador dispuso en el Congreso del Estado los nombramientos “a modo” de Auditor Superior del Estado y Fiscal Anticorrupción, solo por citar dos ejemplos emblemáticos de la intromisión del Ejecutivo en los poderes del Estado, para cubrir a su administración de señalamientos de corrupción y opacidad, y en su momento, como armas para atacar a sus contrincantes políticos.
El manejo de las finanzas no ha sido el óptimo y a poco más de dos años de gobierno, el discurso de las “arcas saqueadas” ya no tiene sustento ni debe ser pretexto para no trabajar por Chihuahua.
Para muestra un botón: en 2017 y 2018 solo se destinaron dos mil millones de pesos para programas de inversión y obra pública de un presupuesto cercano a los 134 mil millones de pesos, menos del 1.5 por ciento.
Es por eso que en Chihuahua no hay obra pública de relevancia, el sector salud colapsado, sin equipamiento ni medicinas.
Tenemos un gobernador que en escasas ocasiones visita los municipios y sus alcaldes enfrentan graves necesidades para impulsar el desarrollo de sus regiones.
No hay desarrollo económico en Chihuahua, la variación trimestral promedio de crecimiento es apenas de un .3 por ciento -muy por debajo de la media en el país- y dejamos de ocupar los primeros lugares nacionales en diversas ramas de la producción.
La inseguridad rebasó la capacidad del Estado. No hay estrategia y la coordinación con el gobierno federal es insuficiente porque es nula la voluntad política del gobernador para ello.
Los delitos de alto impacto no disminuyen. Sólo en lo que va de su administración, los homicidios dolosos rebasan los 5 mil de acuerdo a cifras oficiales. Un incremento superior al 60 por ciento con relación a los últimos tres años de la pasada administración estatal.
Lo anterior son sólo algunos de los aspectos más emblemáticos en el análisis al desempeño del gobernador Javier Corral.
El PRI no demerita el diario esfuerzo de miles de trabajadores al servicio del Gobierno del Estado.
Ellos no son culpables de la falta de visión y capacidad para resolver los problemas de Chihuahua.
Reiteramos que el PRI no le apuesta ni le apostará al fracaso del gobernador. Eso es perverso.
Le apostamos al desarrollo de Chihuahua, a la concordia política y siempre nos sumaremos a las mejores causas que emprenda el gobierno estatal.
