-Carece de fundamento legal controversia constitucional por Fondo Minero
Chihuahua, Chihuahua, a 13 de febrero de 2019.- “La controversia constitucional interpuesta por Javier Corral Jurado, alcaldes y legisladores panistas, es un acto mediático y sin sustento legal”, así lo señaló Miguel Ángel Colunga Martínez, pues ningún integrante del gobierno de Chihuahua ni los alcaldes supuestamente inconformes, pueden explicar las razones jurídicas por las que resulta inconstitucional que el Presidente de la República ejerza recursos federales que obtiene de impuestos federales.
“El Fondo Minero no desaparece, seguirá operando, sólo que en el decreto de su origen publicado en 2013 lo administrativa la Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) y se abría la puerta al moche, ahora cambian las reglas secundarias y en el decreto de la Ley de Ingresos de la federación 2018 lo administra la Secretaría de Economía, pero llegará en la misma proporción a los municipios mineros”, aclaró el diputado Miguel Ángel Colunga Martínez.
“Esta nueva política para el Fondo Minero tiene tres objetivos: El primero es eliminar a los intermediarios, debido a que los recursos llegaban primero a los gobernadores, después ellos los pasaban a los municipios, lo que genera gastos de operación y tardanza, y los últimos beneficiados son los ciudadanos”.
“No había reglas de operación, eso hacía que la mayoría de los alcaldes ejercieran el Fondo Minero para cubrir otras obligaciones, y no para el objetivo del impuesto minero, que es reparar el daño que provocan los proyectos mineros en las comunidades”.
“Los alcaldes presumían los trabajos de infraestructura como si fuera dinero municipal, dicen que ya no podrán hacer obra pública porque les quitan ese dinero, pero de acuerdo a la Constitución son los municipios y el Estado a quien corresponde hacer obras de nivel local, como la pavimentación que reclaman que ya no podrán hacer”.
“La falta de vergüenza es tal que incluso la alcaldesa panista de Chihuahua se queja porque dejará de recibir recursos, que usa para pavimentación, pero hay que ver cómo están las calles cercanas a la mina de arcilla y material para cemento en la zona de Nombre de Dios, que es la que paga impuesto minero en nuestro municipio, además el Consejo de Urbanización Municipal cobra a los vecinos en la factura de predial cuando les pavimentan su calle”.
“El Gobierno federal quiere beneficiar a los ciudadanos directamente, actualmente es como si el Fondo Minero estuviera subrogado al gobierno estatal y de éste a los municipios, que luego decide qué obras hacer o no hacer, sin preguntar a los vecinos de la mina y con el equivalente moche que se lleva el intermediario”.
“Respetamos y celebramos que Javier Corral interponga la controversia constitucional, porque se resolverá jurídicamente que está equivocado, pero que quede claro: esto es un circo mediático, ni siquiera se han dado a conocer las nuevas reglas de operación del Fondo Minero y los panistas ya se están quejando”, señaló el diputado Miguel Ángel Colunga Martínez.
