Por: Antonio Mirón.
Nuevamente en el Poder Legislativo de nuestro país se debate lo que será la nueva Ley de Educación, que con una visión de los que encabezan la “Cuarta Transformación” tendrá cambios sustantivos y que impondrán la aplastante mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados reivindicando a sus aliados en la anterior elección presidencial, el SNTE y la CNTE.
Pero más allá de seguir trabajando la base social con la que MORENA quiere garantizar su estancia en el Poder Ejecutivo Federal por lo menos 18 años, lo verdaderamente relevante es ver como los legisladores asumen su compromiso con la Nación y responsablemente crean una Ley que responda a los retos y desafíos de los próximos años y sea la palanca de desarrollo que se necesita.
La Agenda del Desarrollo Sostenible (ADS) fue aprobada en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas; consta de 17 objetivos y 169 metas en donde se detalla un plan de acción mundial para armonizar el crecimiento económico, la inclusión social y la protección al medio ambiente.
La implicación que los Estados miembros asumen, el compromiso entre otros de “poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas y dimensiones, y a velar por que todos los seres humanos puedan realizar su potencial con dignidad e igualdad y en un medio ambiente saludable”.
En particular el objetivo 4 de la ADS tiene que ver con los retos educativos, que para nuestro país representan la encrucijada de seguir en un modelo mediocre o buscar un nuevo paradigma que cambie el destino nacional.
Con claridad los resultados de estudios, foros y análisis en poder de los legisladores mexicanos observan los retos:
La meta 4.2 que habla sobre el acceso a los servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, pone en evidencia la siguiente problemática: inexistencia de una política nacional, escasos recursos presupuestales, dispersión de esfuerzos institucionales, heterogeneidad en la calidad de los servicios que podría provocar una mayor inequidad social, muchos niños están excluidos de la educación inicial, predomina el enfoque de cuidado y no de desarrollo integral. Además no se cuenta con indicadores que permitan evaluar los programas.
Por otra parte, la agenda 2030 en materia de la educación primaria y secundaria tiene claros desafíos: en la meta 1, se habla de la universalización de una educación gratuita, equitativa y de calidad para la educación primaria y secundaria que conduzca a resultados de aprendizaje relevantes.
Algunos datos reveladores son importantes, la asistencia a la escuela es de 98.6 % para los niños de 6 a 11 años, de 87.6% en el grupo de 12 a 14 años, pero aún hay mucho que hacer para garantizar la asistencia a la escuela de los 3 a 5 años (71.9%) y de 15 a 17 años (57%).
Otros resultados significativos; la prueba PLANEA muestran que, a nivel nacional, el 60.5% de los alumnos de primaria no logra el nivel básico en matemáticas, y el 65.4 en el caso de la secundaria. En el caso de la primaria, la falta de equidad se advierte en los resultados por tipo de servicio; los alumnos de escuelas indígenas y comunitarias obtienen siempre los resultados más bajos.
Lo notable, en todo caso, es que dos terceras partes de los estudiantes de primaria y secundaria no están logrando lo que se puede considerar como básico: aquello que los alumnos deben saber para seguir estudiando o para enfrentar las demandas de la vida cotidiana de la sociedad.
También la meta 6 buscar asegurar que todos los jóvenes y una proporción sustancial de la población adulta, hombres y mujeres, logren alfabetizarse en lectura y aritmética. En México, todavía 4.7 millones de personas (5.5%) de 15 años y más son analfabetas. La mayoría de quienes están en esta condición son indígenas, mujeres y adultos mayores.
No hay que perder de vista los elementos, que al menos requiere la Reforma Educativa:
Un modelo educativo, que es tema de política educativa y que la secretaria de Educación Pública tiene todas las atribuciones para definir los contenidos educativos.
Calidad. Existe un consenso en nuestro país en torno a la necesidad de mejorar la calidad de la educación y el siguiente es como medirla, no existe una sola manera de hacerlo; no sabemos cómo ocurre en el aula y su evaluación es sumamente compleja, hay que evaluar al alumno, al profesor, a los directivos, comunidades, infraestructura, los métodos y los contenidos.
En materia de políticas públicas, también hay asuntos pendientes, destacan la formación de docentes, la articulación entre ciencia, tecnología e innovación, la revisión del federalismo educativo, la revisión del tema fiscal y financiero, revisar la legislación laboral para establecer la libertad sindical y transparencia, entre otros temas.
Estratégicas también resultan la nueva Ley de Educación Superior, en ciernes y la nueva Ley de Ciencia y Tecnología a punto de publicarse.