– Maru, a declarar
– Rueda de prensa de respaldo nacional
El citatorio de la Fiscalía General de la República a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, abre frentes políticos, jurídicos e institucionales que van más allá de una simple comparecencia ministerial.
Desde el punto de vista jurídico, el fuero constitucional sí protege a la gobernadora frente a una acción penal inmediata mientras esté en funciones, pero no le impide ser citada a declarar en calidad de testigo, entrevistada o persona con conocimiento de hechos. El fuero no es inmunidad absoluta.
Lo que evita es que pueda ser detenida, procesada penalmente o sometida a juicio sin un procedimiento previo de desafuero. En términos prácticos, la FGR puede citarla, preguntarle y abrir líneas de investigación, pero judicializar un caso contra ella sería otra etapa completamente distinta.
Según lo informó el abogado Héctor Villasana en sus redes sociales, el artículo 365 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que algunos funcionarios no están obligados a comparecer ante el Ministerio Público.
Y dejó claro que no se trata de inmunidad, sino que únicamente reconoce una prerrogativa procesal derivada de la investidura del cargo. Y que, Incluso, el propio precepto señala que podrán comparecer si renuncian expresamente a ese derecho.
Políticamente, el citatorio tiene peso. Es poco común que una gobernadora en funciones reciba personalmente una notificación de la FGR en Palacio de Gobierno, y más en un contexto donde existe confrontación política nacional. El mensaje que recibe el entorno estatal es que la federación no piensa soltar el tema del narcolaboratorio ni la narrativa relacionada con presuntos agentes estadounidenses, y por otro lado, la gobernadora ya dijo que va hasta donde tope.
Sobre la conveniencia de acudir o no a declarar, la Gobernadora sabe que, de asistir, le permite asumir una postura de transparencia y disposición, incluso de colaboración institucional, y reduce margen para que Morena o actores federales construyan un discurso de desacato o encubrimiento.
También existen riesgos, ya que sabemos que toda declaración puede genera efectos jurídicos posteriores, se pueden abrir contradicciones futuras entre declaraciones de funcionarios estatales.
Jurídicamente podría intentar escudarse en el fuero o promover mecanismos legales para responder por escrito, situación con la que
evitaría exposición directa ante agentes federales y limitaría riesgos de una declaración espontánea o mal calculada.
Sin embargo, al no asistir, también traería un costo político; seguramente Morena explotaría el discurso de que “no quiere dar la cara” y obviamente que el Gobierno Federal endurecería el tono.
Lo más probable es que el equipo jurídico de Gobierno del Estado busque una salida intermedia, como acudir a la FGR pero bajo un esquema altamente controlado, delimitando el alcance de la comparecencia, cuidando técnicamente cada respuesta.
Si la FGR logra sentar a declarar a una gobernadora en funciones por un tema de seguridad y cooperación internacional, manda un mensaje a otros estados sobre el alcance que pretende ejercer la federación en asuntos relacionados con crimen organizado y soberanía.
El fondo real del asunto, sabemos que es político y ha tomado relevancia nacional rumbo al proceso electoral del 2027. Habrá que ver hasta donde se endurecen las distintas posturas y cuál narrativa es la que finalmente sea la que prospere. En este tema tan delicado no hay ganadores, pero si es claro que Chihuahua se volvió importante para el Gobierno Federal de la 4T.
Por lo pronto, hoy el Comité Ejecutivo Nacional del PAN respaldará a la gobernadora Maru Campos en rueda de prensa a las 11 de la mañana. Los panistas del país esperan un mensaje contundente del líder nacional Jorge Romero, que hasta el momento sigue siendo una figura tibia que ha quedado a deber, o por lo menos eso dicen algunos panistas.