Ante la situaciones de violencia e inseguridad que han provocado el desplazamiento interno de personas en Chihuahua, así como por la limitada institucional a este sensible problema, Manuel Huerta presentó un exhorto del Comisión Permanente al Poder Ejecutivo de Chihuahua para que, en el ámbito de sus atribuciones, implemente medidas integrales para “prevenir, atender y erradicar el desplazamiento forzado de personas en la entidad, sin vulnerar la soberanía, la autodeterminación de los pueblos ni el principio de no intervención”.
El legislador comentó que dicha problemática se ha intensificado en entidades con altos niveles de violencia, como el caso de Chihuahua. Dicho fenómeno, apuntó, se mantenido constante en esa entidad por las condiciones estructurales de violencia derivadas de la “guerra contra el narcotráfico”, lo que acentuó la presencia del crimen organizado en regiones del occidente y del sur, como en la Sierra Tarahumara.
Al respecto, mencionó datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que informan que en 2021 el desplazamiento forzado afectó a mil 78 personas en 4 municipios y 13 localidades debido a la violencia generada por grupos armados organizados, en donde los más afectados fueron los pueblos originarios que se ubican en “una de las principales zonas de siembra de amapola del Triángulo Dorado”.
En este contexto, otros datos del INEGI reportan en 2024 el registro de 2 mil 305 homicidios de Chihuahua, lo que equivale a 60 homicidios por cada 100 mil habitantes “más del doble de la tasa nacional. Estas cifras posicionan a la entidad entre las más violentas”, destacó.
Y por lo que toca desplazamiento forzado, el exhorto refiere el informe “Travesías Forzadas: desplazamiento interno en México 2024”, en donde se da a conocer que en Chihuahua se documentaron ocho eventos “todos asociados a la violencia de grupos delictivos, afectando principalmente al municipio de Guadalupe y Calvo, con mil 552 personas desplazadas”.
Aun cuando informes de otras organizaciones identifican a los municipios de Uruachi, Guazapares, Balleza y Guachochi, la evidencia más reciente muestra que la concentración territorial continúa siendo la Sierra Tarahumara, agrega el exhorto.
El desplazamiento forzado interno en Chihuahua, argumentó Manuel Huerta, “constituye una grave violación a los derechos humanos, al afectar derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la vivienda, el acceso a la justicia y el desarrollo integral, “en particular en comunidades indígenas como el pueblo rarámuri”.
Por lo anterior, el legislador extendió su exhorto para el gobierno de Chihuahua, y sus municipios, para que “de manera coordinada y conforme a sus competencias, diseñen e implementen políticas públicas que atiendan a las víctimas de desplazamiento forzado interno, para garantizar su atención humanitaria, acceso a la justicia y mecanismos de reparación integral, sin vulnerar la soberanía, la autodeterminación de los pueblos ni el principio de no intervención”.