Por Antonio Mirón.
El Sistema de Administración Tributaria –SAT- ha iniciado una investigación profunda derivada de la llamada “Estafa Maestra” en contra de 6 mil “empresas fantasmas” que fueron detectadas en el país y que se han utilizado para realizar toda clase de fechorías; pero llama la atención que se han desplegado las investigaciones hasta despachos de abogados, despachos de contadores, despachos de Actuarios y Notarios que forman parte de este sofisticado entramado para desviar recursos públicos.
Ya desde el año 2014, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público inicio con el combate a las “empresas fantasmas” al añadir el artículo 69-B al Código Fiscal de la Federación, que permite al SAT para detectar a este tipo de empresas y dejar sin efecto las facturas que estas emiten, además de cortarles el flujo de dinero.
Otro avance, que beneficia a los buenos proveedores del Gobierno y en general a todo el sistema productivo, es que el SAT empezó a publicar anualmente la “lista negra” de las empresas fantasmas, llamada técnicamente EFOS –Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas- y que puede ser consultada vía electrónica.
Si bien es cierto, de acuerdo con el último estudio del INEGI, la preocupación más importante hoy de los mexicanos es la inseguridad; la corrupción y la impunidad es lo que más exaspera a los connacionales y esto ha provocado que se ponga en el centro de la agenda pública el tema; pero no solo en México, sino en el mundo; el tema tenga una gran visibilidad y los ciudadanos nos concienticemos de lo grave del problema.
Pero entonces, cuando hablamos de las “empresas fantasmas” y el traslado de dinero a los “paraísos fiscales” se debe de entender que detrás de estas operaciones esta todo un complejo entramado de profesionistas expertos, sin ética que hacen este trabajo para desviar recursos, dejando a la vista la complicidad de los sectores público y privado.
Sin bien es cierto que se logró un avance importante con la aprobación en el 2016 de la Ley General de Responsabilidades; seguimos teniendo prácticas claras de corrupción, al presentarse peculados, cohecho, tráfico de influencias, determinaciones administrativas para favorecer a un particular, utilización de información privilegiada y hasta venta de resoluciones judiciales.
A la vista del más reciente estudio del Fondo Monetario Internacional –FMI- sobre Corrupción en el mundo, hay cifras relevantes; la corrupción es fuente de desconfianza en gobiernos y negocios; en negocios en un 52%, en gobiernos en un 43% y en medios de comunicación en un 43%.
El BID afirma que América Latina es la zona más desigual del mundo, África es la más pobre y que la corrupción cuesta a los países en vías de desarrollo desde el 0.4% al 10% del PIB.
Una herramienta fundamental para detectar la corrupción es el periodismo de investigación, que sin duda tiene la responsabilidad de exponer casos concretos, asegurándose que no tiene en donde esconderse, apoyarse de las nuevas tecnologías y coadyuvar para que los corruptos sean perseguidos y castigados por la autoridad, para que se recuperen los activos robados y se regresen a sus dueños legítimos.
Indispensable entonces, que se nombre en México un Fiscal Anticorrupción independiente y se sancione a los notarios que han participado impunemente en la creación de “empresas fantasmas”.
