El pasado 28 de enero del presente año quedó instalada en Chihuahua la Unidad Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aquella que insisten que sea la que apoye, proteja, defienda y garantice la vida de los periodistas… sin ellos.
Me explico: a alguien en alguna ocasión se le ocurrió que en México periodistas y derechohumanistas eran lo mismo y por lo tanto había que meterlos en el mismo costal.
Desde entonces se insiste en crear una unidad interinstitucional para proteger, por un lado, a los defensores de derechos humanos que sean amenazados en el ejercicio de la defensa de sus convicciones y por otro, a los periodistas que se vean atacados en el ejercicio de la libertad de expresión.
Por más que busco y busco y nada más no encuentro ninguna similitud entre la defensa de las personas, de los bosques, de los animales, del medio ambiente y la defensa de la libertad de expresión, de la palabra y de la publicación.
Tan no hay ninguna relación que simple y llana, pero también desgraciadamente, en la conformación de esa Unidad nunca ha sido convocado ningún periodista para su integración o cuando menos para enterarse de qué se trata.
En cambio, los derechohumanistas sí han formado parte desde el momento en que Chihuahua se suscribió a este protocolo, por cierto, desde junio de 2017.
El caso es que con la instalación de la Unidad, se pretende –afirma la Fiscalía General del Estado—“brindará mayor protección y garantizará los derechos humanos de los grupos de distintos actores sociales en la entidad”. Es integrada por la Secretaría General de Gobierno, la FGE, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Fiscalía Especializada en Investigación a Violaciones de Derechos Humanos y Desaparición Forzada, y la Secretaría de Desarrollo Municipal (¿¿¿¿???)
Ahí se nombró a Eduardo Ramos Arenas como responsable de dicha Unidad.
Entre las atribuciones que tendrá, será realizar un monitoreo de los riesgo, de las agresiones ya existentes, la recepción de los casos, pero sobre todo, la “reacción rápida y de la implementación y seguimiento a las medidas” en casos de amenazas.
Deberá además fortalecer la coordinación entre las autoridades estatales en enlace ante el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
La participación de la Secretaría de Desarrollo Municipal la justifican diciendo que servirá para buscar un acercamiento con los ayuntamientos para coordinar e instrumentar medidas de protección y prevención, evaluación de riesgos, registro, vigilancia, planes de protección y reacción inmediata y notificar al mecanismo federal la incorporación de personas y sobre todo, para asesorar, acompañar y atender emergencias.
Al momento tenemos dos casos que preocupan al Foro de Periodistas de Chihuahua: 1, es el de Heriberto Barrientos Márquez, quien presentó una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos luego de que supuestos agentes investigadores estatales se presentaron en su domicilio sin identificación alguna para indagar –también al parecer—casos de homicidios ocurridos hace más de 10 años y que le tocó dar cobertura periodística.
El otro caso que preocupa, es el del vocero de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, Félix González, amenazado a través de narcomantas por el crimen organizado.
Estas son dos pruebas de fuego para que esta Unidad defensora demuestre su eficacia, ojalá no nos equivoquemos nadie.
