La empresa minera canadiense Vizsla Silver Corp. confirmó el fallecimiento de los trabajadores que fueron privados de la libertad el pasado 23 de enero en el municipio de Concordia, Sinaloa.
A través de un comunicado oficial, la compañía informó que varias familias notificaron a la empresa que sus parientes, quienes laboraban en el proyecto ubicado en esa región, fueron localizados sin vida. Indicó además que se encuentra en espera de la confirmación formal por parte de las autoridades mexicanas para ampliar la información.
“Estamos devastados por este resultado y la trágica pérdida de vidas. Nuestro más sentido pésame a las familias, amigos y compañeros de trabajo de nuestros colegas, y a toda la comunidad de Concordia. Nos centramos en la recuperación segura de quienes siguen desaparecidos y en apoyar a todas las familias afectadas y a nuestra gente durante estos momentos increíblemente difíciles”, expresó Michael Konnert, presidente y director ejecutivo de Vizsla Silver.
Los trabajadores fueron identificados como José Ángel Hernández Vélez, Ignacio Aurelio Salazar Flores, Francisco Antonio Esparza Yáñez, José Manuel Castañeda Hernández, Saúl Alberto Ochoa Pérez, Antonio de la O Valdez, José Antonio Jiménez Nevárez, Javier Emilio Valdez Valenzuela, Javier Guillermo Vargas Valle y Miguel Tapia Rayón. De ellos, Saúl Alberto Ochoa Pérez y Antonio de la O Valdez eran originarios de Chihuahua.
En paralelo, el sector minero nacional lamentó la confirmación del deceso de los trabajadores y expresó su solidaridad con las familias. En un posicionamiento público fechado el 9 de febrero, el gremio señaló que la integridad de los trabajadores no puede vulnerarse bajo ningún criterio y calificó los hechos como inaceptables.
El Clúster Minero manifestó que mantendrá una postura de estricta observancia sobre el actuar de las instituciones de procuración de justicia y exigió el fortalecimiento de las investigaciones, así como garantías efectivas de seguridad para quienes laboran en la industria.
“Ante la gravedad de esta situación fijamos una postura de estricta observancia sobre el actuar de las instituciones de procuración de justicia”, señalaron.
Asimismo, subrayaron que las familias de las víctimas y la comunidad minera merecen una resolución que no se limite a cifras o estadísticas, sino que se traduzca en justicia efectiva y en acciones concretas que eviten la repetición de hechos similares.