Chihuahua, Chih. – Un colectivo ciudadano denominado Alianza Primero de Junio de 2025 presentó formalmente una solicitud de nulidad ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) y el Tribunal Estatal Electoral (TEE), cuestionando la validez de la elección de ocho magistrados recientemente electos en el estado de Chihuahua.
La denuncia fue entregada el pasado miércoles 18 de junio y está firmada por Eduardo Gómez Caballero y Briana Díaz Esparza, quienes actúan como representantes del colectivo. Según el documento, varios de los perfiles que resultaron ganadores en los comicios del 1 de junio no cumplen con los requisitos mínimos de elegibilidad establecidos en la Constitución y en la legislación electoral vigente.
Entre los señalamientos destacan:
• La falta de promedio académico mínimo de 8 en la licenciatura en Derecho.
• La ausencia de experiencia profesional comprobable de al menos tres años en la materia correspondiente.
• El uso indebido de cargos como secretarios de sala o titulares temporales para evadir requisitos formales.
Los nombres de los magistrados cuya elección ha sido impugnada son:
• Rubén Aguilar Gil
• José Luis Chacón Rodríguez
• Nyria Janette Trevizo Rivera
• Gloria Angélica Mendoza Beltrán
• Cristina Guadalupe Sandoval Holguín
• Emmanuel Chávez Chávez
• Gerardo Javier Acosta Barrera
• Marcela Herrera Sandoval
De acuerdo con la Alianza, algunos de estos funcionarios fueron nombrados como secretarios de acuerdos en medio del proceso electoral, lo cual podría haber facilitado su designación de forma irregular. El colectivo también señala que en al menos tres casos los candidatos no acreditaron experiencia ni promedio académico y que uno de los electos, Marcela Herrera Sandoval, carece de formación especializada en materia procesal familiar, a pesar de que ocuparía una magistratura en esa área.
“La integración del Tribunal Superior de Justicia debe garantizarse a través de perfiles con trayectoria probada, conocimientos sólidos, ética profesional y compromiso con la independencia judicial”, expresa el comunicado difundido en redes sociales y dirigido a la opinión pública.
Finalmente, el colectivo hace un llamado a las autoridades electorales y judiciales a revocar las constancias de mayoría entregadas y a restablecer la legalidad del proceso, asegurando que permitir este tipo de irregularidades mina la confianza ciudadana en las instituciones y representa una amenaza al Estado de Derecho.