Chihuahua.— Habitantes de la región serrana del municipio de Uruachi, en el estado de Chihuahua, han alzado la voz para denunciar una serie de actos violentos que han provocado el desplazamiento forzado de familias enteras en al menos nueve comunidades indígenas.
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A través de mensajes difundidos en redes sociales, pobladores de localidades como Arechuivo, Chiltepin, San Juan, Palmarito, La Barranca, La Finca, El Bosque, La Mesa de Cereáchy y San José de la Trompa, relataron que hombres armados han ingresado a sus comunidades, generando un clima de miedo e incertidumbre. Las agresiones, señalan, incluyen amenazas, saqueos, asesinatos y torturas, dirigidas principalmente contra civiles ajenos a cualquier actividad delictiva.
De acuerdo con los testimonios, muchos habitantes se han visto obligados a huir sin rumbo fijo, dejando atrás sus viviendas y pertenencias. Las denuncias responsabilizan a un grupo criminal identificado como Los Salazares, al que acusan de sembrar el terror en la región con total impunidad.
En el caso particular de San José de la Trompa, se reportan detonaciones y actos violentos continuos desde el 15 de junio. Un hecho alarmante ocurrió recientemente en las comunidades de La Ciénaga, Cieneguita y La Finca, donde se registraron ataques con explosivos que dejaron al menos una persona gravemente herida, con amputaciones en brazos y piernas.
Los denunciantes también expresaron su frustración por la aparente indiferencia de las autoridades estatales y federales, que hasta el momento no han dado respuesta ni han desplegado operativos eficaces para restablecer el orden. Incluso, aseguran que algunos elementos de seguridad que han arribado a la zona han mostrado actitudes insensibles ante la gravedad de la situación.
Diversas voces en redes sociales han exigido la intervención urgente del gobierno de Chihuahua, así como del gobierno federal. Además, piden a la ciudadanía visibilizar lo que ocurre en la Sierra Tarahumara y solidarizarse con las comunidades afectadas, especialmente con los pueblos originarios, que históricamente han sido marginados y que hoy enfrentan una crisis humanitaria sin apoyo institucional.
Hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad ha emitido un pronunciamiento oficial respecto a las denuncias. Las comunidades continúan esperando una respuesta que garantice su seguridad y su derecho a vivir en paz.